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Los legisladores electos por el partido de Fernando Villavicencio, asesinado luego de un mitin en Quito el 9 de agosto, resolvieron exigir respuestas a las autoridades gubernamentales sobre el magnicidio que sorprendió al país y a la región. A través de una carta pública, pidieron que se transparente la información sobre el caso.
Para la organización política, hay una serie de interrogantes que continúan sin respuesta: “Estas preguntas no solo son cruciales para el esclarecimiento de este caso, sino que también son fundamentales para la integridad de nuestras instituciones democráticas”, se lee en el comunicado.
Construye, que apoyó la candidatura de Villavicencio y luego de su reemplazante, Christian Zurita; ha pedido conocer quién estuvo a cargo del operativo de seguridad el día del magnicidio, quiénes establecieron los tres anillos de seguridad que la Policía mencionó, quién era el oficial al mando en cada círculo y qué disposiciones se emitieron a cada uniformado.
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Cuando Villavicencio fue asesinado, el comandante de Policía, Fausto Salinas, informó que Fernando Villavicencio contaba con tres cercos de seguridad: uno interno conformado por el equipo de seguridad inmediata compuesto por cinco policías; un cerco intermedio de reacción integrado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y dos patrulleros que conformaban el cerco externo. Sin embargo, tanto la familia de Villavicencio como el movimiento Construye han cuestionado la versión de Salinas.
Entre las interrogantes, los legisladores electos piden a la Policía que se indique quién elaboró la orden de servicio para ese día y sobre qué información de inteligencia, apreciación e informes se basaron las disposiciones ejecutadas ese 9 de agosto. Asimismo, piden conocer qué coordinaciones se realizaron con instituciones de tránsito para cerrar la vía al momento de la llegada y evacuación del candidato.
El pasado 14 de agosto, Patricio Carrillo, legislador electo, ex ministro del Interior y policía en servicio pasivo, indicó que “no hubo policía velada con agentes de inteligencia para observar la situación” y que los sicarios estuvieron a dos metros de ellos. Señaló también que los agentes policiales no se percataron de que dentro del mitin hubo explosivos y granadas. Para el general en servicio pasivo, la Policía debe iniciar un informe interno para investigar la negligencia, “incluyendo al jefe del dispositivo y las disposiciones coordinadas”.
Zurita ha señalado que existió negligencia por parte del jefe de seguridad de la cápsula que protegía a Villavicencio. En una entrevista con GK, el excandidato presidencial señaló que “si existe una condición de negligencia y responsabilidad es de Cristian Cevallos”. Además ha señalado que el oficial Cevallos “no era un hombre que estaba capacitado para la seguridad personal”.
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En relación a las declaraciones vertidas por Jorge Luis Vargas Valencia, excomandante la Policía Nacional de Colombia, sobre los sospechosos del magnicidio, los congresistas electos exigen conocer si Vargas fue asesor de seguridad del gobierno de Guillermo Lasso y de ser así conocer quién lo contrató, cuánto se le pagó y qué partidas presupuestarias se usaron para cancelar sus servicios profesionales.
Vargas Valencia reveló que el avance del narcotráfico en territorio ecuatoriano ha permeado la política ecuatoriana y esto sería uno de los principales detonantes del magnicidio. El excomandante aseguró que conoce el nombre del posible autor del asesinato, pero dijo que no puede revelarlo. Sobre ello, la bancada de Construye exigió a las autoridades conocer si se ha solicitado ya rendir la versión al oficial colombiano.
Además, piden conocer qué tipo de relación existe entre Vargas Valencia y el ex ministro del Interior, José Serrano, y el ex oficial de inteligencia conocido como Cura Saavedra; quienes ejercieron sus cargos durante el correísmo.
Finalmente, el comunicado se refiere a las detenciones y procedimientos técnicos que la Policía utilizó para capturar a los seis sospechosos del caso. “Los asambleistas electos del Movimiento Político Construye instan a las autoridades competentes a responder estas preguntas de manera inmediata y transparente. La confianza en nuestras instituciones y la justicia para Fernando Villavicencio dependen de ello”, termina la carta.
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