Una anciana activista por los derechos humanos crítica al gobierno boliviano, abandonó su protesta de 52 días en la calle tras un acuerdo con un grupo oficialista que la desalojo de su oficina y que la acusa de defender a los opositores.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Amparo Carvajal, de 84 años, dejó su protesta cerca de la medianoche del sábado y anunció el domingo que en las siguientes horas se conocerán detalles del acuerdo.
“Estaba dispuesta a salir (de la protesta) en cajón, pero si salí caminando es porque lo que se logró es importante y considero que es bueno”, declaró el domingo al diario El Deber. “Ha tenido que intervenir el presidente Luis Arce, les pido paciencia para conocer los detalles”, agregó.
Carvajal fue desalojada hace 52 días de su oficina en el centro de La Paz por un grupo de personas cercanas al dirigente Édgar Salazar, quien asegura tener la representación legal de esa entidad privada, luego de una elección que fue desconocida por Carvajal y sus colaboradores.
La anciana instaló una vigilia en la calle, dormía al aire libre bajo temperaturas invernales que deterioran su salud y hace trece días trepó a la azotea del edificio donde continuó su protesta bajo una precaria carpa de plástico. “De aquí me van a sacar en cajón”, había advertido.
La situación se puso más tensa luego de que esta semana un grupo de mujeres seguidoras de Salazar se apostaran en la terraza, donde estaba la activista española, para hacer una huelga de hambre, que, según denunció Carvajal, la fustigaban y dejaban en mal estado un baño portátil que se había instalado para su uso personal.
Tanto Carvajal como los seguidores de Salazar dejaron de forma voluntaria las instalaciones de la Apdhb, gracias a las gestiones de la embajada de España, las autoridades bolivianas, así como del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y posteriormente la octogenaria activista fue trasladada a un centro médico.
Carvajal dijo que en la madrugada regresó a su casa acompañada por el cónsul español Guillermo Gil. El jueves pasado Gil ya había visitado a la activista para verificar su estado de salud y tratar de buscar una salida negociada a la disputa.
Los grupos que respaldan a Carvajal alegan que Salazar defiende los intereses del gobierno y de los grupos oficialistas. Los detractores de Carvajal la acusan de ser útil a la derecha y de defender a los llamados “perseguidos políticos”.
La casa de los derechos humanos se ha convertido en el botín de dos grupos antagónicos de activistas afines y contrarios al gobierno en un país polarizado desde la crisis política de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció forzado por denuncias de fraude electoral cuando buscaba un cuarto mandato consecutivo. Las protestas dejaron 37 muertos.
Carvajal hizo carrera en la defensa de los derechos humanos desde las dictaduras militares de fines de los años 70. Nació en España y llegó a Bolivia como religiosa para después vincularse con las luchas sociales.
En julio de 2016, fue elegida presidenta de la Apdhb y desde entonces ha mantenido una posición crítica a los Gobiernos del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) y del actual mandatario Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Con información de AP y EFE
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