
Las dictadura de Nicaragua prohibió la entrada al país del sacerdote nicaragüense Juan Carlos Sánchez, vicario de la parroquia San Francisco de Asís, en Managua, cuando se disponía a regresar a la nación centroamericana después de participar en una ordenación sacerdotal en Bolivia, informaron este domingo investigadores en temas religiosos y la prensa local.
El religioso no pudo abordar el pasado sábado en Miami (EE.UU.) el vuelo directo en el que iba a regresar a su país, porque, según le comunicó la compañía aérea, las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada.
La información fue dada a conocer por la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?” y quien que da seguimiento a las agresiones que sufre la Iglesia católica nicaragüense por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
El diario nicaragüense La Prensa confirmó la noticia con fuentes eclesiásticas de la Arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal Leopoldo Brenes, quien no se ha referido públicamente al tema.
Según ese periódico, el vicario de la parroquia San Francisco de Asís, en Managua, salió de Nicaragua con destino a Bolivia para participar en una ordenación sacerdotal a la que había sido invitado en ese país andino. Posteriormente viajó a Miami, EE.UU., a visitar unos familiares, y allí, cuando se disponía a abordar el avión para regresar a Nicaragua, la aerolínea le notificó que no podía viajar.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, de manera discrecional y sin explicar los motivos, ha prohibido el regreso a su país a decenas de nicaragüenses, entre opositores, religiosos, activistas y periodistas.

Hasta el 7 de junio pasado, el régimen de Nicaragua había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, y monjas extranjeras, según la investigadora Molina.
Al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.
Otros 17 religiosos se exiliaron alegando razones de seguridad. A doce de las autoridades nicaragüenses les prohibieron la entrada al país, al que se le suma el párroco Sánchez, Y ocho desterrados, declarados apátridas y “prófugos de la Justicia” acusados de delitos considerados “traición a la patria”.
Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano
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