La OEA pidió este viernes al régimen nicaragüense que “cese toda violación a los derechos humanos” y libere a los presos políticos, en una resolución adoptada por unanimidad durante su asamblea anual en Washington.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido en 2021 en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional y la Organización de los Estados Americanos.
En protesta contra la negativa a reconocer estos comicios, Nicaragua pidió salirse del organismo, lo cual se concretará en noviembre.
En la resolución, el órgano supremo de la OEA reclama al régimen que “cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas y el Estado de derecho y a que se abstenga de toda forma de intimidación” contra la prensa, las comunidades religiosas y las oenegés.
También le insta a “liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos”, como le han pedido que haga los órganos de la OEA y “deje sin efecto las normas” que privan de nacionalidad a opositores, como los 222 ex presos desterrados este año a Estados Unidos.
El país debe cooperar -añade- con los organismos internacionales de derechos humanos, “incluso mediante acceso a su territorio”.
La OEA se declara “profundamente preocupada por las denuncias de persecución” de comunidades religiosas que “sufren detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada”.
En consecuencia, le pide que “se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez”, a quien “se le mantiene aislado”.
El obispo fue detenido en 2022 y condenado a 26 años de cárcel por, entre otros cargos, “menoscabo a la integridad nacional”.
La OEA también se declara “alarmada” por la prohibición y confiscación de los bienes de más de 3.000 oenegés en el país, acusadas de violar las leyes, incluidas varias universidades privadas. Y sale en defensa de la prensa al reclamar a Nicaragua que evite “toda forma de intimidación y acoso”.
La resolución suscitó controversia después de que Brasil introdujera cambios en el borrador inicial presentado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica y Antigua y Barbuda que le restaron contundencia pero sin alterar su esencia.
(Con información de AFP)
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