La Unión Europea (UE) reiteró este viernes sus reclamos hacia Cuba en lo que respecta al delicado contexto político y social vigente en la isla hace años.
Durante su visita a La Habana, el alto representante para Asuntos Exteriores Josep Borrell se refirió a la situación de los cientos de manifestantes que fueron detenidos y juzgados en el marco de las manifestaciones ocurridas en 2021 en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel.
“No podemos pasar por alto que tenemos diferencias (...) La Unión Europea no tiene ni la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba pero sí queremos tener un marco de diálogo sobre todo lo que nos une y nos diferencia, sin tabúes ni prohibiciones”, comentó el funcionario tras concluir el tercer Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea.
A continuación, Borrell puntualizó la importancia de mantener abiertas las conversaciones en torno a “la situación creada antes, durante y después de las detenciones del pasado mes de julio del 21″ ya que el derecho a la protesta “está en el corazón de los valores sobre los que se ha construido la Unión Europea”.
“A eso le damos una relación prioritaria en nuestras relaciones internacionales”, enfatizó.
Borrell manifestó, a su vez, su voluntad de debatir estos asuntos con el ministro de Justicia, Oscar Silvera, con quien tiene prevista una reunión y sumó que, como parte de sus esfuerzos, en noviembre el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitará la isla.
El objetivo del viaje será dar seguimiento a la situación de los detenidos y sentenciados en Cuba.
Dos años atrás, en 2021, tuvieron lugar el 11 y 12 de julio una serie de masivas movilizaciones en todo el país, impulsadas por los sostenidos cortes de luz y el desabastecimiento de productos básicos, en medio de una severa crisis.
Entonces, miles de personas salieron a las calles a protestar pacíficamente mientras que, otro grupo de ciudadanos realizó actos vandálicos -como la destrucción de automóviles, roturas de cristales y saqueos- que desataron una violenta represión por parte del régimen y cientos de detenciones.
La versión oficial dio cuenta, recién en enero de 2022, de 790 personas instruidas con cargos delictivos y, para junio de ese año, reportaron sanciones a 381 de ellos, con penas de hasta 25 años en los casos graves de sedición.
Las autoridades sostienen que dichos enjuiciamientos fueron en un marco justo y legal y que responden a las acciones violentas, fomentadas por una operación iniciada en redes sociales y en manos de grupos de interés en Estados Unidos -un argumento a menudo empleado por el oficialismo-.
Sin embargo, organizaciones como Justicia 11J y Cubalex, desmintieron la narrativa de la Fiscalía General de la República e informaron de miles de arrestos y más de 700 sanciones, con hasta 30 años de prisión.
La visita de Borrell, que finaliza este sábado, se dio por su parte tras recientes peticiones de otras ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que exigieron que el bloque mantenga la defensa de los derechos humanos como una prioridad de su política sobre la isla.
Las partes tienen vigente el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, alcanzado en diciembre de 2016 y en vigor desde el 1 de noviembre de 2017, cuyo fin es el fomento del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, así como la posibilidad de encontrar soluciones compartidas a los retos globales a través de acciones conjuntas en foros multilaterales.
Gracias a este pacto, la UE puso fin a la “posición común” que mantenía desde 1996 y que vinculaba todo avance en la relación bilateral a los progresos en democratización y derechos humanos en la isla.
(Con información de AP y EFE)
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