Comenzó el juicio contra José Rubén Zamora, director de El Periódico de Guatemala

Tras pasar casi un año detenido y en medio de denuncias de la comunidad internacional y ONGs, comenzó este martes el juicio por lavado de dinero contra el dueño de El Periódico de Guatemala.

José Rubén Zamora fue detenido en julio de 2022 y está acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y chantaje, delitos que niega y, en cambio, asegura que responden a una represalia por las publicaciones antioficialistas en las que deschavó las tramas de corrupción oficiales.

“El Tribunal declara abierto el debate oral y público”, dijo su presidenta, Oly González, al inicio del proceso, que podría extenderse durante algunas semanas.

Zamora, presente en la sede judicial, denunció los ataques a la libertad de expresión y aseguró: “Soy un preso político y he sido tratado como tal. En este juicio me van a sentenciar”.

“Vamos a hacer la lucha”, aunque “soy escéptico de los resultados”, dijo más tarde Zamora a la AFP en el sótano del tribunal, al cierre de la primera audiencia. El juicio se reanudará el miércoles.

La Fiscalía argumentó que el comunicador de 66 años está involucrado en una supuesta trama de lavado de dinero por USD 37.500, provenientes de chantajes a empresarios en los que los extorsionaba para no publicar información en su contra. Según explicaron, tienen en su poder pruebas de escuchas telefónicas y hasta el dinero en efectivo producto de estas maniobras, que habría sido entregado a un banquero ya procesado en otro caso y uno de los testigos de éste.

“Es totalmente falso de que se inventaron pruebas”, señaló el fiscal principal de la causa, Rafael Curruchiche, quien adelantó que unos 30 testigos y peritos van a declarar en el juicio, que puede prolongarse por semanas.

Asimismo, hace dos semanas se ordenó la detención de dos de los abogados que defendieron al dueño del medio tras señalarlos de presentar una prueba falsa y, el pasado jueves, se produjo el último arresto del caso, contra el periodista y empresario Juan Carlos Marroquín, primo de Zamora.

El periodista, sin embargo, sostiene que la acusación fue fabricada en su totalidad por el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras. De todas formas, este martes al llegar al Tribunal aseguró estar “sereno” y decidido a luchar por su liberación, incluso en instancias internacionales si la condena de este juicio así lo requiriera.

Por todo esto, Zamora se enfrenta a una pena que, según establece el Código Procesal Penal, va entre los seis y los 20 años de cárcel inconmutables.

Sin embargo, el juicio ha captado la atención de gremios de prensa y ONGs internacionales que exigieron su fin inmediato, así como de Estados Unidos, que expresó su preocupación por los intentos de “criminalizar” la labor periodística en el país.

“Creemos que el sistema de Justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan”, comentó tiempo atrás la presidente de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval.

Cabe resaltar que la detención de Zamora -hace casi un año- se dio en medio de una ola de arrestos de ex fiscales anticorrupción, también ordenada por la Fiscalía guatemalteca -y cuya titular conforma la lista de personas implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia en la región, actualizada por Washington en 2021-.

En estos casos, se los acusa de presunto abuso de autoridad en investigaciones anticorrupción realizadas en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un ente adscrito a la ONU que operó en el país entre 2007 y 2019.

A esto se suma que el 28 de febrero, el juez a cargo del caso dispuso la apertura de un segundo proceso en contra del director del medio, por supuestamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero en 2021. Como parte de este juicio, el magistrado ordenó investigar también a periodistas y columnistas del rotativo, también bajo la etiqueta de obstrucción de la Justicia.

Esto llevó a que, nuevamente, Estados Unidos se pronunciara al respecto y dejara de manifiesto su “preocupación” por el caso. “Criminalizar el trabajo de periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, comentó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

“Es un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción”, sumó el director de programas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Carlos Martínez de la Serna.

(Con información de AFP)

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