Estados Unidos lamentó este martes como un “paso atrás” para la democracia la reelección de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, a la vez que anunció la prohibición de entrada en el país de su familia por su implicación en actos de corrupción.
Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al comentar la decisión del lunes del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
“La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala”, remarcó el funcionario estadounidense en rueda de prensa.
Como consecuencia, el Departamento de Estado anunció la prohibición de entrada en el país de Porras, su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, y su “familia inmediata”.
Price subrayó que como fiscal general, Porras “obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido”.
Asimismo, señaló que “el patrón de obstrucción de Porras incluye, según consta, ordenar a fiscales del Ministerio Público de Guatemala ignorar casos con base en consideraciones políticas, y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”.
Por su parte, el servicio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea mostró este martes su preocupación por el renovado de Porras.
El portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, sostuvo que la decisión del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, de volver a nombrar a Porras como fiscal general “genera inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas de combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial”.
Stano apuntó que “bajo la supervisión” de Porras, la Fiscalía de Guatemala ha llevado a cabo acciones legales contra “varios jueces, abogados y fiscales independientes” que estaban investigando “casos de corrupción de alto nivel”.
“Esto ha derivado en sus arrestos y la pérdida de su inmunidad judicial”, lamentó Stano, quien ha calificado estas maniobras como “parte de un patrón más amplio de intimidación y hostigamiento” que ha provocado la salida del país de más de una veintena de profesionales de la justicia.
La mayoría de los exiliados del sector judicial son fiscales que participaron en el combate anticorrupción en el país que se registró entre 2014 y 2020, una lucha que quedó muy debilitada con la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte del Gobierno.
Mientras tanto, la recién reelegida Porras afirmó que no aceptará injerencia extranjera en su labor, tras rechazar un nuevo señalamiento por corrupción por parte de Estados Unidos, además de lo expresado por la Unión Europea.
“La Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) no acepta ningún tipo de injerencia ni presión y continuará trabajando de manera objetiva e imparcial velando por el estricto cumplimiento de la ley”, indicó en la cuenta Twitter la institución.
“El estado de derecho y las instituciones fuertes e independientes son esenciales para el éxito, la inclusión y la sostenibilidad del desarrollo social y económico de Guatemala”, señaló el portavoz en un comunicado.
“El papel del fiscal general es crucial, incluso en la dirección de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es indispensable que esta función se ejerza con integridad, imparcialidad y con pleno respeto al orden constitucional, y evitando actuaciones que tengan por efecto lesionar la independencia judicial”, subrayó.
Giammattei ha renombrado este lunes por otros cuatro años más a Porras, a quien Estados Unidos tiene prohibida la entrada a ella y a su familia por participar en actos de “corrupción significativa”, así como por obstruir y socavar, de forma repetida, las investigaciones anticorrupción en el país.
Ya en septiembre de 2021, el Departamento de Estado estadounidense incluyó a la fiscal en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos” por la defensa por “proteger” a sus aliados políticos a cambio de “favores”.
Porras se colocó en el centro de la crítica local y fue objeto de sanciones de Washington tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía contra la Impunidad y considerado como un “campeón anticorrupción” por Estados Unidos.
(Con información de EFE, AFP)
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