
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, cumplió este sábado nueve meses en prisión preventiva, y la próxima semana iniciará el juicio en su contra por un supuesto lavado de dinero.
Zamora Marroquín, de 67 años, se encuentra recluido en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, ubicada en el norte de la Ciudad de Guatemala, desde el 29 de julio de 2022.
El próximo 3 de mayo, iniciará el juicio contra el periodista por una acusación de supuesto lavado de dinero presentada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala.
El periodista se defenderá a sí mismo ya que sus últimos dos abogados, Juan Solorzano Foppa y Justino Brito, renunciaron señalando anomalías en el proceso. Posteriormente, ambos fueron detenidos por la Fiscalía por una supuesta “obstrucción a la acción penal”.

Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de un informe, advirtió que la libertad de expresión en Guatemala ha sido “degradada” por las acciones emprendidas por la Fiscalía en el caso de Zamora Marroquín y su derecho a defenderse de las acusaciones.
Y el martes pasado veinticinco reconocidos escritores internacionales dijeron en una carta abierta que dudan de que pueda haber un juicio justo contra Zamora Marroquín. “La manera en que su caso está siendo procesado por las autoridades guatemaltecas resulta vergonzosamente inaceptable y es digno de la atención de las más altas instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, la Cruz Roja Internacional, la Relatora Especial de libertad de expresión de la ONU o incluso la Haya”, dice la misiva por el autor británico estadounidense de origen indio Salman Rushdie, el nicaragüense exiliado Sergio Ramírez o los estadounidenses Junot Diaz y Jon Lee Anderson, entre otros.
El comunicador, con más de 30 años de trayectoria periodística, fue detenido en su hogar el año pasado, tan solo 5 días después de publicar fuertes críticas contra el presidente Giammattei por actos irregulares de su Administración.
La familia de Zamora Marroquín asegura que su medio de comunicación, El Periódico, había publicado más de 145 investigaciones sobre actos de corrupción del Gobierno de Giammattei previo a su detención.

Durante los 9 meses de su detención, el matutino presidido por Zamora Marroquín se vio obligado a descontinuar su versión física. Además, entró en una crisis financiera y despidió a más del 50% de su personal periodístico y administrativo.
El Periódico, fundado por Zamora Marroquín en la década de 1990, recibió el galardón al “Medio Destacado de Iberoamérica” en 2021, entregado de manos del rey Felipe VI de España al periodista guatemalteco.
Zamora ha sido galardonado con premios como el María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa.

Fue detenido tras la denuncia de Ronald Navarijo, un amigo suyo y comerciante acusado de corrupción, quien le dijo a la Fiscalía que Zamora le había pedido bancarizar dinero en efectivo.
La defensa de Zamora sostiene que el periodista buscó apoyo en Navarijo para no ser él quien ingresara el dinero, ya que provenía de una donación y se usaría para pagos del medio. La defensa dijo también que el acoso gubernamental -que incluso bloqueó la pauta publicitaria para el medio- era el motivo por el que no se quería exponer al donante.
Diversos medios, organizaciones y gobiernos han solicitado la liberación de Zamora y han denunciado que en Guatemala hay criminalización contra periodistas por su trabajo. Varios comunicadores se han exiliado del país.
Durante el gobierno de Giammattei, más de 35 funcionarios del Poder Judicial, entre jueces, fiscales, magistrados y abogados, se han exiliado denunciando persecución judicial luego de haber contribuido en investigaciones anticorrupción y contra crímenes de lesa humanidad. Países como Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos han mostrado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala.
Con información de EFE
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