El Juzgado de Garantía de Temuco, a 678 kilómetros al sur de Santiago, decidió mantener la prisión preventiva que pesa en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de que se hallaran en su teléfono celular imágenes donde aparece portando diversas armas y un chaleco antibalas.
El líder del grupo radical mapuche está acusado por un delito de incitación, dos de apología a la violencia de la ley de Seguridad Interior, dos de usurpación y dos de atentado contra la autoridad.
En relación a este punto, el fiscal del Ministerio Público de Chile, Héctor Leiva, presentó los argumentos en rechazo a una modificación del arresto domiciliario, como videos y entrevistas realizadas al líder de la CAM. Asimismo, en el transcurso de la audiencia también se presentaron conversaciones y videos que estaban en el celular de Llaitul.
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“Dicho teléfono celular contiene información que da seriedad a cada uno de estos hechos, que el imputado no solo realiza estas declaraciones, sino que participa de actos, tiene información de estos atentados, cuenta con una fotografía de un camión en ignición de alrededor de las 9 de la mañana y este atentado fue a las 7 de la mañana y 40 minutos”, indicó el fiscal Leiva.
El pasado 2 de diciembre del 2022, la Fiscalía Regional de La Araucanía pidió penas que suman 25 años de presidio contra Llaitul, quien fue detenido el 25 de agosto, aprehendido por robo de madera, usurpación de terrenos, delitos estipulados en la Ley Interior de Seguridad del Estado e incitación a la violencia.
Por otro lado, la decisión de las autoridades judiciales chilenas de mantener en prisión preventiva a Llaitul, tiene lugar dos semanas después del sobreseimiento de la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeannette Vega, vinculada a los hechos en cuestión tras el llamado hacia el líder radical, por lo cual fue separada de sus funciones en el gobierno de Gabriel Boric.
Lo anterior se debió a que una de las asesoras de la ex secretaria de Estado, Tania Santis, llamara al celular personal de Llaitul para solicitarle que conversara con Vega. Tras la situación, el abogado del partido opositor Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet, presentó la querella a fines de agosto de 2022.
De igual manera, el fiscal Patricio Cooper solicitó su sobreseimiento, desestimando que Vega estuviera involucrada en asuntos de seguridad pública o hubiese omitido realizar una denuncia por el contacto de su asesora. “Se solicita el sobreseimiento definitivo en razón de que no estamos en presencia de los delitos señalados”, sostuvo.
Tras la decisión, la ex ministra utilizó sus redes sociales para manifestar que “a veces la justicia tarda pero llega. Tendrán que pagar costar aquellos que me acusaron tan injustamente. Estoy tranquila de haber cumplido con mi labor como ministra”.
Cabe señalar que la acción judicial sostenía que “la intervención de la ex integrante del gabinete de Gabriel Boric en hechos que son manifiestamente constitutivos de delito, debe ser investigada, pues, atendida su posición y cargo, además de las posteriores declaraciones realizadas por miembros del Gobierno en pos de de no iniciar investigaciones en contra del Sr. Héctor Llaitul, podrían constituir de obstrucción a la investigación”.
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