La corte suprema de Brasil informó este martes que autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el intento de golpe de Estado en enero que resultó en asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Los liberados deberán usar tobillera electrónica y mantenerse alejados de las redes sociales.
“El juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad (...) porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores” del ataque, informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.
Además del uso de tobillera electrónica, el juez dispuso otras medidas cautelares como la prohibición de usar las redes sociales, salir de sus casas por la noche o los fines de semana, portar armas de fuego, y la cancelación de sus pasaportes.
El magistrado también tuvo en cuenta que “en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad”, y que ya fueron imputados por la fiscalía por “incitación al delito” y “asociación delictiva”.
En total, 803 personas continúan presas y 603 fueron liberadas con medidas cautelares, informó el STF.
Miles de personas disconformes con la derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre vandalizaron el 8 de enero las sedes de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema en Brasilia, una semana después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras irrumpir por la fuerza en los edificios, arrasaron con todo el mobiliario que encontraron a su paso, incluidas valiosas piezas de arte.
Solo en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, los daños a la fachada, pisos, muebles y obras de arte superan los nueve millones de reales (alrededor de USD 1,75 millones).
Según videos que los asaltantes publicaron en sus redes sociales, compilados por medios locales, con la invasión buscaban “retomar el poder” y “desatar el caos” para motivar un golpe militar que destituyera a Lula.
La justicia incluyó a Bolsonaro en la investigación para determinar quién instigó la asonada. El ex mandatario, que durante años sembró dudas sobre la confiabilidad del proceso electoral, niega tener vínculo con los ataques.
El Gobierno de Lula da Silva quiere que Bolsonaro comparezca ante los tribunales brasileños en los próximos meses y está considerando opciones para obligarlo a regresar al país si no vuelve voluntariamente a fines de marzo, según un alto asesor del líder de izquierda.
Es poco probable que Bolsonaro, quien ha estado de vacaciones en Florida desde antes del final de su mandato el año pasado, sea arrestado a su regreso a Brasil, dijo el asesor, que solicitó el anonimato. El ex mandatario está siendo investigado en varios frentes, incluso por presuntamente incitar el intento de golpe de Estado en Brasilia el 8 de enero, pero no se han presentado cargos formales en su contra.
Lula, de 77 años, ganó la elección por un estrecho margen, de 50,9% contra 49,1% de Bolsonaro.
El asalto contra las instituciones recordó la asonada contra el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 por parte de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump, que rehusaban aceptar su derrota electoral.
Con información de AFP
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