Revelaron nexos entre marinos ecuatorianos y cárteles del narcotráfico

Una investigación periodística en Ecuador ha logrado determinar que existen nexos entre marinos ecuatorianos que participan en el contrabando de cocaína e incluso venta de información sobre las actividades militares en curso, especialmente en los estuarios y en alta mar, para evitar la confiscación de combustible. En Ecuador, la policía y la marina trabajan juntas para identificar a los marinos y miembros de la fuerza pública que operen en estas redes criminales.

Según fuentes de inteligencia ecuatorianas y colombianas, oficiales del ejército ecuatoriano, incluidos agentes navales, ha sido reclutado por grupos narcoterroristas. Hay información que la columna Urías Rondón, disidente y móvil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), habrían reclutado a efectivos de la fuerza pública ecuatoriana, así lo reveló la investigación realizada por el periodista especializado en seguridad, Arturo Torres, y publicada en el portal Primicias.

De acuerdo con la publicación, la Armada ecuatoriana tendrían su flanco más débil en la costera provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Esta debilidad radica en los presuntos vínculos de algunos de los marinos ecuatorianos con organizaciones criminales vinculadas a los cárteles de la droga que operan en Ecuador y en Colombia, según los informes de inteligencia mencionados en la crónica.

Las organizaciones que han reclutado a los oficiales ecuatorianos son la misma columna Urías Rondón y el Frente de Oliver Sinisterra, ambas enfrentadas la una con la otra. De hecho, son frecuentes los enfrentamientos entre ambas organizaciones narco criminales, como el más reciente combate armado ocurrido en noviembre de 2022 en zonas fronterizas con Ecuador. La disputa habría ocurrido por los corredores para el transporte, las plantaciones y los laboratorios de procesamiento de cocaína. Esta guerra obligó a los miembros del Frente Sinisterra a retirarse a territorio ecuatoriano, donde se encontraron con agentes del Ejército ecuatoriano que les han bloqueado el paso, según explica Torres.

El Frente Sinisterra es socio del cártel de Sinaloa, mientras que la columna Urías Rendón está asociada con el cártel Jalisco Nueva Generación. La disputa entre ambas organizaciones del crimen transnacional tiene consecuencias en Ecuador, en donde se ha logrado determinar que muchos uniformados de la Armada, del Ejército y de la Policía operan para los dos grupos, según información recabada por las escuchas telefónicas realizadas desde Colombia.

Según la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional (ULCO) y oficiales de inteligencia de la propia Armada, recogidos en Primicias, los implicados transportan cocaína por vía terrestre con vehículos institucionales, simulando entregas de sus unidades de trabajo. A eso se suman los casos de robo de cocaína y fugas de información a organizaciones criminales que operan en el mar, particularmente en las Islas Galápagos.

El año pasado, las autoridades investigaron las actividades de una organización que transportaba drogas producidas en laboratorios en las provincias colombianas de Nariño y Putumayo. Las sustancias llegaban empaquetadas al Ecuador en donde se transportaban también por tierra a las a las provincias costeras de Manabí y Guayas para ser enviadas a través de sus puertos marítimos.

En Guayas, la cocaína es escondida en contenedores marítimos del puerto de Guayaquil. Durante el monitoreo, resultó que la organización incluiría a militares activos de la Armada ecuatoriana. Se confirma que este grupo delictivo utilizaba vehículos oficiales de la Armada para transportar cocaína de Esmeraldas a Guayaquil. Recolectan la droga en depósitos clandestinos ubicados en el puerto marítimo de Contecom al sur de Guayaquil. En este puerto, según información de la Policía Nacional, es donde más droga se ha incautado.

La investigación de Primicias reveló que el 1 de diciembre de 2022, el cabo guardacostas de la Armada, Jonathan Javier Gómez Coime, viajó en un vehículo oficial de la Armada a Lago Agrio, donde cargó cocaína. Gómez llegó luego al Guayas en una camioneta Nissan Frontier con placa PEC-8368, vehículo también marcado con el logo de la Armada del Ecuador. Pero el 3 de diciembre, en las afueras de la Penitenciaria del Reclusorio Litoral, la policía detuvo una camioneta conducida por Gómez como parte de la Operación Resurgir 728, a cargo de la ULCO.

En el momento de su detención, Gómez Coime llevaba consigo 20 kg de cocaína. Un oficial de inteligencia naval, que pidió no ser identificado, dijo a Torres que Gómez era solo un eslabón en una red más grande. Detrás de esta audaz maniobra abría un oficial de nivel medio que emitió un permiso de viaje con el pretexto de transportar estudiantes de la marina.

Dentro del vehículo, la policía encontró una caja de cartón que contenía 18 bloques rectangulares de cocaína con un peso total de 19.8 kg. Según el informe de detención, la camioneta estaba custodiada por un automóvil del segmento B tipo Chevrolet Aveo color negro con placas GPW-0517, conducido por Steven Valencia y Maeby Delgado.

Las organizaciones que actúan como intermediarias de los cárteles en Ecuador cuentan con una importante red de informantes en diversas organizaciones. Este mecanismo fue descubierto en la Armada del Ecuador durante la Operación Flota, coordinada por la ULCO y la Armada. Así, se estableció que el Cabo Christian Reina Bravo formaba parte del esquema de informantes en las Galápagos. Su trabajo era monitorear la ubicación de los oficiales de la Guardia Costera y Control Marítimo. Con acceso a esta información clasificada, Reina se dedicó a ponerla a disposición de los integrantes de las organizaciones criminales y cárteles. El objetivo era facilitar el transporte de cocaína desde la costa continental, así como desde las Islas Galápagos, en lanchas ultrarrápidas y con destino a Centroamérica o México.

El personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) encontraron el cuerpo sin cabeza de Reina y envuelto en plástico. La billetera de Reina fue encontrada enterrada a 50 metros de distancia, junto con la munición de la bala que se utilizó para asesinarlo. Hoy, Gómez y Valencia, según indica Primicias, tienen órdenes de prisión por este caso. Aun no se ha logrado determinar quiénes son los otros miembros de esta red.

SEGUIR LEYENDO: