El balance del 2022 para Cuba, Venezuela y Nicaragua expuso que, entre los tres países, se contabilizan casi 1.500 personas privadas de su libertad por motivos políticos.
El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó a los gobiernos de estos países, a los que calificó de “autoritarios”, de instrumentalizar el poder judicial para llevar adelante sus maniobras de persecución y encarcelamiento de personas por sus motivaciones políticas.
“La independencia y la autonomía del poder judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho”, menciona el texto redactado por la Comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los 1.467 presos políticos contabilizados por el organismo incluye a civiles y militares.
De este total, 1.034 corresponden solamente al mes de noviembre en Cuba, que encabeza la tabla como el país con más prisioneros de este tipo.
Le sigue Venezuela, donde se registraron 247 presos políticos durante octubre y, en tercer lugar, Nicaragua con 195 detenidos.
Otra de las cuestiones señaladas en el texto de la CIDH es la inhumana situación en la que son obligados a vivir estas personas privadas de su libertad. A diferencia de la población carcelaria común, éstos reos reciben un trato distinto, con poco respeto por sus derechos fundamentales y falta de acceso a recursos básicos como higiene y visitas médicas. Según los expertos de la Comisión, esto “ha provocado un grave deterioro en la salud” de varios de ellos.
Por su parte, las mujeres también reciben un trato distinto que, en muchos casos, conlleva violencia por su género y “malos tratos como método de castigo, represión y humillación”.
De todas formas, la información oficial sobre estos detenidos es escasa y aquella que circula debe ser tomada con precaución ya que están aislados y les resulta difícil mantener un contacto regular con sus familias. En cambio, los regímenes son, en general, los encargados de difundir actualizaciones sobre ellos que suelen distar de la realidad y omiten las torturas y los tratos crueles a los que los someten.
El caso de Cuba genera preocupación en Estados Unidos
La delicada situación en la que viven los miles de cubanos, que se enfrentan todos los días a las consecuencias de la aguda crisis política, económica y social en la que está hundida la isla, ha llevado a la administración de Joe Biden a pronunciarse al respecto.
En ese sentido, a principios de diciembre el mandatario estadounidense se refirió a las detenciones por motivos políticos y reiteró su petición al régimen de Miguel Díaz-Canel para que libere a estos “presos políticos”, sobre todo aquellos arrestados tras las protestas de julio de 2021 en una “represión brutal”.
En un comunicado difundido en el marco del Día de los Derechos Humanos, el Presidente comentó que “a la luz de la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.
Agregó, asimismo, que su Gobierno se mantiene junto al pueblo cubano “mientras defiende sus derechos humanos y opina sobre el futuro de Cuba”.
Según la ONG Cubalex y Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de ellas de hasta 30 años de cárcel.
(Con información de EFE)
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