La tensión no cede en Bolivia. Este jueves se cumplieron 20 días de paro con bloqueos a instituciones gubernamentales en el departamento de Santa Cruz. Mientras en el oficialismo también se registran importantes fracturas en el partido Movimiento al Socialismo (MAS), el presidente Luis Arce apela a las fuerzas de seguridad y a organizaciones sociales de choque para contener las manifestaciones ciudadanas.
En diálogo con el canal de televisión local Uno, Jorge Santistevan, ex coronel del Ejército boliviano, denunció que el jefe de Estado busca militarizar Santa Cruz para contrarrestar las protestas. Según indicó, para este jueves estaba prevista la llegada de 600 efectivos militares a ese departamento.
“Si esto viene por delante, significa que el gobierno del presidente Arce está preparando una escalada y mayor represión en Santa Cruz. Tiene militares de alto mando, muy afín, sumisos. Lo mismo con la policía. No sólo se conforman con reprimir, sino con apoyar a organizaciones de choque del Movimiento al Socialismo”, señaló el ex militar.
Indicó, además, que Arce “no escatima esfuerzos económicos ni en fuerzas policiales” para controlar a la población: “Él tiene que proveer todos los recursos habidos y por haber para que la confrontación esté a su favor. Para ello utiliza organizaciones de civiles armados con juegos pirotécnicos”.
Santistevan manifestó que, como a los grupos de choque no se les puede proveer armas de guerra y anti tumulto, “los abastecen logísticamente con explosivos pirotécnicos” que son comprados a países como Perú, Brasil y Argentina.
Los recursos, reveló, “salen del mismo gobierno nacional”.
Si bien reconoció que los hechos que están ocurriendo en Santa Cruz pueden conducir a un probable decreto de estado de excepción, aclaró que el presidente “lo tiene que pensar muy bien”, ya que “no tiene las condiciones”: “Si lo hace, se arriesga a irse del Gobierno”.
En esa línea, remarcó que Arce está profundizando el conflicto en un momento de “debilitamiento político”: “Porque hay una fracción muy importante en la Asamblea legislativa que no le va a permitir el abuso de poder porque va a estar sujeto a un juicio de responsabilidad en el futuro próximo”.
La población lleva semanas reclamando que el censo poblacional se efectúe en 2023.
El bloqueo a las instituciones gubernamentales es la nueva forma de protesta que han adoptado los que acatan el paro indefinido y se extenderán en las siguientes jornadas a oficinas de las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El paro ha tomado mayor rigor luego de que la comisión técnica, presidida por el Gobierno y con la participación de los representantes de municipios, gobernaciones y jurisdicciones indígenas de las nueve regiones del país, concluyera que el censo se realice entre marzo y abril de 2024.
En las calles de la ciudad de Santa Cruz la circulación es mucho menor al extremo de que se han colocado alambres de púas, troncos y varios obstáculos para evitar que circulen motocicletas y bicicletas.
Esta semana, diputados del Movimiento Al Socialismo han reprochado al presidente Arce, y a su vicepresidente, David Choquehuanca, la “fractura” provocada en el partido y han criticado la gestión del conflicto del censo con la oposición.
El ex presidente Evo Morales ha insistido en que Arce anuncie una “solución” para superar el conflicto por el censo con una “fecha definitiva”.
El también líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) alertó en las últimas jornadas sobre las consecuencias del paro y los conflictos que destrozan “la economía familiar” y abogó por un diálogo que dé alguna respuesta.
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