El departamento de Santa Cruz es la mayor región de Bolivia, el motor económico del país y, desde hace 20 días, también el epicentro de paros y bloqueos a edificios estatales. La raíz de estos conflictos recae en el pedido por un censo de población a realizarse en el 2023 -que permita una puesta en marcha de medidas gubernamentales en base a dichos datos- pero que el Gobierno se niega a realizar hasta más adelante.
La medida de fuerza cobró impulso luego de que la comisión técnica -presidida por el Ejecutivo- junto a representantes de municipios, gobernaciones y jurisdicciones indígenas de las nueve regiones del país, concluyera que el censo tendría lugar entre marzo y abril del 2024.
Es en este contexto que los bloqueos en las rutas se han extendido hasta las principales instituciones dependientes del Gobierno nacional. Varios estudiantes de la Universidad estatal Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) -entidad parte del Comité Impulsor del Censo 2023- se apostaron en el ingreso de las oficinas de Impuestos Nacionales para así impedir que los contribuyentes realicen sus trámites.
Esto derivó en empujones y forcejeos en las inmediaciones, entre los que reclamaban ingresar al edificio para llevar a cabo sus gestiones y los bloqueadores. A su vez, se desplegó un contingente de policías en la puerta de la sede con el fin de evitar una potencial toma física del establecimiento.
Los bloqueos a las instituciones gubernamentales constituyen ahora la nueva forma de protesta que adoptaron los manifestantes que promueven el paro indefinido. En los próximos días se espera que estas acciones se extiendan a las oficinas de las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
También, en las calles de Santa Cruz se han colocado alambres de púas, troncos y diversos obstáculos que evitan el paso de motocicletas y bicicletas, lo que ha reducido al extremo la circulación en la ciudad.
Frente a la negativa del Gobierno de hacer lugar al pedido de la población, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció a los medios locales que “la continuidad del paro está firme” y que no aceptarán “ninguna imposición”, lo que ratificó nuevamente el pedido para el año entrante.
En la víspera, los técnicos de la Gobernación de Santa Cruz abandonaron la reunión que había sido convocada frente al “no rotundo” recibido en oportunidades anteriores. Se sumaron a este encuentro los representantes de los municipios de La Paz, Tarija y Trinidad.
Tras este hecho, los líderes cívicos de Santa Cruz anunciaron que van a “definir qué acciones tomar” en las próximas horas; por su parte, el líder opositor y gobernador de la región, Luis Fernando Camacho, había adelantado que habría una “radicalización” y “masificación” de las protestas.
Por su parte, el Ejecutivo se mantiene firme en su postura y tajante ante las acciones desplegadas por los manifestantes. Luego de abandonar la mesa técnica, el vocero presidencial, Jorge Richter, brindó una conferencia de prensa en la que denunció que la región ha sido -nuevamente- escenario de hechos de violencia.
En ese sentido, enumeró una serie de acciones que tuvieron lugar durante la jornada y en la víspera, como un enfrentamiento en la localidad de Buena Vista y el fallecimiento de un joven motociclista que chocó con un cable tendido -presuntamente por manifestantes- entre los extremos de una calle.
Según Richter “ya no hay motivo” para mantener el paro porque la mesa técnica ya definió la fecha del censo por lo que, ahora, solo resta que el Gobierno de Luis Arce emita una norma que respalde el informe de la comisión.
(Con información de EFE)
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