La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a Bolivia a garantizar el derecho de manifestación y a fortalecer el diálogo a raíz de los enfrentamientos en la huelga de Santa Cruz, en un comunicado difundido este jueves.
Sectores de Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia, comenzaron una huelga el 22 de octubre para exigir al gobierno de Luis Arce que adelante un año un censo de la población fijado para 2024, para saber cuántos habitantes tiene la región y poder ampliar tanto los recursos económicos que recibe del Gobierno del país como su representación en el parlamento.
Desde entonces ha habido enfrentamientos entre partidarios y detractores del gobierno y entre civiles y policías, con un saldo de un muerto y varios heridos.
“El Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones”, afirmó la CIDH. “El hecho de que algunos grupos o personas cometan actos de violencia no vuelve per se violenta o ilegítima una protesta, ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas”, añadió.
Este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recuerda que las protestas “no pueden prohibirse por el hecho de realizarse de manera simultánea o por un riesgo de escalada de tensión”.
En el comunicado, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechazan todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en discriminación por origen étnico-racial y piden que se investigue y juzgue a los responsables.
Seguridad alimentaria “en riesgo”
Por otro lado, los productores agropecuarios de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, advirtieron este jueves que la seguridad alimentaria en el país está “en riesgo” por acciones como el “cerco” con bloqueos de rutas que cumplen en esa región sectores afines al oficialismo en contra de la huelga por el censo poblacional en 2023.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó en un comunicado que la cadena productiva y de abastecimiento de alimentos “está prácticamente paralizada”.
“Existen acciones visibles, como amenazas y amedrentamiento con toma de propiedades privadas, falta de circulación de combustible e insumos, el cerco al departamento de Santa Cruz, limitación de gas en la industria y restricciones a las exportaciones”, indicó.
Estas acciones “atacan directamente” a la economía, al “presente y al futuro” de la alimentación de las familias bolivianas, con resultados negativos en un corto y mediano plazo, advirtió la CAO. “A medida que la situación actual no se soluciona se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, presente y futura, y de ninguna manera es responsabilidad de los productores que en todo momento buscan el abastecimiento oportuno para toda la población nacional”, sostuvo el gremio.
La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el gobierno de Luis Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
Esa región cumple una huelga ciudadana desde hace 13 días para exigir que el censo poblacional se realice en 2023 con la aplicación de sus resultados en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.
En respuesta a la huelga, sectores afines al oficialismo iniciaron hace unos diez días un “cerco” con bloqueos de carreteras que ha aislado y dejado sin alimentos y combustible a la región, al considerar que las protestas por el censo buscan desestabilizar al Gobierno nacional.
(Con información de EFE)
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