Presentaron una segunda denuncia en Argentina contra Daniel Ortega por delitos de lesa humanidad

Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y un grupo de altos funcionarios nicaragüenses fueron denunciados por delitos de lesa humanidad en la Argentina. La denuncia, radicada ante el Juzgado Nacional Penal y Correcional número cuatro del Poder Judicial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la segunda presentada en el país en un mes.

En esta segunda denuncia, la querella fue interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), y el documento fue presentada por su secretario ejecutivo, Danny Ramírez-Ayérdiz.

Los hechos se circunscriben en el contexto de las protestas sociales de 2018, según informa La Prensa, y la denuncia apunta también contra el jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; al comisionado Ramón Avellán; y a los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, ex ministra de Salud.

También al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.

“CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas entre otras”, dice el comunicado.

El miércoles 5 de octubre, la Justicia argentina inició una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega y otras autoridades del régimen de Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad. El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de ese país para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.

La causa comenzó a partir de la primera denuncia, presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el dictador Ortega, su pareja Rosario Murillo, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018.

Al momento de impulsar la investigación, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.

Taiano también destacó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque ese país no ratificó el Estatuto de Roma.

La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país. La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.

La primera denuncia, impulsada a partir de una nota publicada en Infobae sobre la situación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, retenido por el régimen de Ortega, apunta contra el presidente de Nicaragua, su vice, pero también menciona otros funcionarios.

Los otros denunciados son:

- Francisco Díaz Madriz. Es el suegro de Mauricio Ortega, hijo del matrimonio presidencial y, además, actual jefe de la Policía Nacional.

- Néstor Moncada Lau. Actúa oficialmente como asesor privado del presidente Daniel Ortega, pero también sería responsable de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para la identificación de “disidentes”.

- Julio César Avilés Castillo. Ocupa el cargo de jefe del Ejército de Nicaragua y se lo señala como responsable de proveer armamento a los grupos paramilitares que llevaron a cabo la “operación limpieza”.

- Oscar Mojica. Es General en retiro del Ejército de Nicaragua y ocupa el cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura.

- Gustavo Eduardo Porras Cortés. Se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional de la República y se le atribuye el control de los sindicatos y la organización de las movilizaciones masivas, incluyendo a los médicos y a los obreros, que cooperaron para la “recuperación” de las calles luego de las protestas de abril de 2018.

- Roberto López. Es director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Se le atribuye colaboración con Porras Cortés en la organización de la represión a las manifestaciones de abril de 2018.

- Oscar Valladares. Es asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, y también forma parte de la planificación de las acciones represivas.

- Sonia Castro. Actuó como ministra de salud hasta el 26 de julio de 2019 y fue responsable de dar la orden de no atender en los hospitales a las personas heridas como consecuencia de su participación en las movilizaciones populares. También se le atribuye la responsabilidad por el despido de profesionales de la salud “acusados” de no hacer caso a la orden de no atención.

- Leonardo Ovidio Reyes Ramírez. Es el presidente del Banco Central de Nicaragua y actúa como instrumento de financiación de la familia Ortega - Murillo y de las operaciones criminales.

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