La “unidad de contingencia” de la embajada de Venezuela en Bolivia participó en una operación policial que incluyó la tortura y asesinato de tres ciudadanos en 2009, revela un informe de la CIDH sobre esos hechos.
El informe ha caído como una bomba en el partido de Evo Morales, quien debe ser sometido a juicio por haber ordenado aquel operativo que terminó con la muerte de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michael Dwyer en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
La injerencia venezolana en el hecho figura en el reporte que dio el capitán de policía Walter Andrade en aquel momento al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ahora embajador en la ONU: “Mediante el presente me permito informarle a su autoridad que la intervención al hotel Las Ameritas (sic) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue exitosa y conforme al acuerdo al plan mayor, acordado por el Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia y la Unidad de Contingencia de la Embajada de la Hermana República de Venezuela”.
Pocas horas después de esos hechos, Morales informaba a Hugo Chávez y Raúl Castro, en Caracas, sobre el operativo policial y la “captura” de los “mercenarios”.
Un año antes, el cocalero había firmado un acuerdo con Chávez para la transformación de las Fuerzas Armadas de Bolivia, además de la policía, según las informaciones que han comenzado a surgir a raíz del informe de la CIDH.
Está quedando claro que el ex presidente cocalero es una pieza que se maneja desde varios países para darle un rostro indígena a la corriente política de la región.
Las cuentas de Morales en las redes sociales son manejadas desde siete diferentes países, comenzando por Argentina y terminando en Vietnam, una verdadera transnacional descubierta a raíz del informe de la CIDH.
Así se explica que los tuits del cocalero Morales aludan con frecuencia a temas de política interna de Argentina, con insultos a Mauricio Macri y elogios para Cristina Kirchner, además de mensajes de aliento para Vladimir Putin y denuncias contra “el imperio”.
Iván Duque, ex presidente de Colombia, solía llamar “la transnacional del crimen organizado” al eje de autocracias que ahora enfrenta a las democracias del mundo, incluyendo en nuestra región al Foro de Sao Paulo o el Socialismo del Siglo XXI. Esa transnacional, por lo menos en su brazo vinculado al narcotráfico, está muy activa ahora.
El gobierno de Pedro Castillo decidió suspender la erradicación de cocales ilegales en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (conocido como VRAEM), donde opera el brazo narcotraficante de Sendero Luminoso. Esta decisión coincidió con la intención del gobierno boliviano de autorizar un mercado ilegal para la coca en La Paz, mercado donde se vende la coca peruana, según denuncian los cocaleros de Yungas.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, propuso en la ONU la libre venta de cocaína, porque la actual guerra sólo castiga a los pobres productores de coca en las selvas sudamericanas. Petro, ex guerrillero, sabe que resabios de las FARC y el ELN tienen todavía territorios donde cultivan coca y producen cocaína en las selvas de su país.
El gobierno de México ha ordenado a los militares reducir el decomiso de droga. El diario El Financiero de México informa: “Se desploman los decomisos de cocaína en México por parte de las Fuerzas Armadas. Desde 2018, cuando inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha decomisado 40 mil 287.144 kilogramos de cocaína, valuada en mil 128 millones 36 mil dólares en EEUU”.
“Los decomisos de cocaína en México realizados por personal militar se desplomaron en los últimos cuatro años, a pesar de que el territorio continúa representando la principal ruta de tráfico de esta droga con destino a Estados Unidos desde Colombia, Perú y Bolivia.”
El informe de la CIDH da lugar, además de la parálisis del partido de gobierno, a investigaciones para establecer por qué ejecutaron a esos personajes, que supuestamente eran mercenarios del “separatismo”, en lugar de enviarlos a la justicia para que revelen todo lo que hacían.
En Argentina, el gobierno peronista desmanteló el puesto de radares que había instalado el gobierno de Macri en Tartagal, Salta, para detectar a las avionetas bolivianas que llevan droga desde el Chapare. Y, en Bolivia, los trece radares comprados en 2015 todavía no operan.
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