La Policía de Ecuador detuvo al juez Banny Rubén Molina, quien otorgó el más reciente hábeas corpus en favor del ex vicepresidente correísta Jorge Glas. El Ministerio del Interior informó que el magistrado tenía boleta de captura para ser investigado por el delito de usurpación de funciones.
Este lunes se conoció la noticia sobre el nuevo hábeas corpus para Glas, que le permitiría salir de la prisión donde cumple dos sentencias por corrupción. Sin embargo, el gobierno de Guillermo Lasso enfatizó en que, a pesar de la orden del juez Molina, no se excarcelará al ex vicepresidente, pues el proceso tiene irregularidades.
El pasado viernes el juez Banny Rubén Molina, de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, concedió un hábeas corpus a un ciudadano y, dentro del mismo acto, extendió la acción en favor de Jorge Glas y de Daniel Salcedo, preso por la corrupción en los hospitales de Ecuador durante los meses más críticos de la pandemia y relacionado con la familia del ex presidente Abdalá Bucaram. El juez resolvió aquella extensión sin que Glas y Salcedo presentaran la acción, según se lee en el comunicado de la Presidencia.
El Consejo de la Judicatura también se pronunció sobre el caso y aseguró que el juez Molina no tenía jurisdicción para otorgar la acción a favor de Glas. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura, encargado de la administración y disciplina dentro de la Función Judicial del Ecuador, señaló que sobre el juez Molina pesa un auto de llamamiento a juicio por el presunto delito de prevaricato, porque en el 2018 ordenó que una sentenciada por peculado cumpla la condena en su domicilio. La institución explicó que con el auto de llamamiento a juicio la jurisdicción del juez se suspende, según la normativa vigente en el país.
Después de ese pronunciamiento el director general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, denunció al magistrado Molina por usurpación de funciones. La Fiscalía informó que se abrió una investigación previa en contra del juez, por lo que en la noche del último martes se ejecutó la boleta de detención de Molina.
Según el Código Integral Penal del Ecuador, el delito de usurpación y simulación de funciones públicas sucede cuando una persona ejerce alguna función pública sin autorización o cuando, a pesar de haber sido destituida, suspendida o declarada legalmente en interdicción continúe en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el caso, el acusado podría enfrentar una condena desde los 6 meses hasta los 3 años en prisión.
El Servicio de Atención Integral (SNAI), encargado de las prisiones en Ecuador, comunicó la mañana de este miércoles que las boletas de excarcelación a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo, otorgadas por el juez Molina, tienen “varias inconsistencias”. La entidad anunció que ha presentado un Incidente de Cumplimiento ante la Función Judicial.
El SNAI señaló que el “formato, sellos y demás características propias del documento, difieren completamente del documento inicialmente emitido por el juzgador”, en referencia a la boleta emitida el 8 de agosto a favor de Glas. Para proceder con lo ordenado en la boleta, el SNAI primero requiere un “pronunciamiento acerca de la validez de dichas boletas de excarcelación”.
Jorge Glas, de 52 años, fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita. El ex vicepresidente recibió USD 13,5 millones de sobornos de Odebrecht para adjudicarles contratos entre 2010 y 2012. Sobre Glas pesa una sentencia de 8 años de cárcel por el Caso Sobornos 2012- 2016, por el que también sentenciaron a Rafael Correa. Glas fue declarado culpable por cohecho, pues mientras era Vicepresidente y estaba a cargo de los sectores estratégicos, las entidades de las que estuvo a cargo participaron en una trama de sobornos cuya finalidad era financiar a Alianza PAIS, el extinto partido de Rafael Correa.
Actualmente, la defensa de Glas apela la sentencia de 8 años por el delito de peculado en el caso Singue, un bloque petrolero cuya adjudicación causó un perjuicio millonario para el Estado. Glas fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera que se encargó de la negociación.
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