Protestas en Ecuador: Guillermo Lasso denunció un intento de golpe de Estado y el líder indígena Leonidas Iza anunció una “movilización indefinida”

El líder indígena Leonidas Iza se traza un único plazo para detener las masivas protestas en Ecuador: hasta que el gobierno alivie la pobreza de los suyos, pero sin planes de derrocar al presidente, Guillermo Lasso. En conversación con la agencia de noticias AFP, el dirigente de 39 años se dijo “engañado” por unas conversaciones con el gobierno que no avanzan en 12 días de intensas movilizaciones, mientras su pueblo “pone muertos”.

Sin embargo, en un mensaje a la nación difundido por televisión y redes sociales, Lasso hizo “un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador”.

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar “el derrocamiento del Gobierno” tras anunciar este que Pachakutik, brazo político de la Conaie, evaluará solicitar en la Asamblea la destitución de Lasso.

“En principio se había llegado a un consenso. Sin embargo, la violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, la intención real del señor Iza es el derrocamiento del Gobierno”, aseguró Lasso en el video.

“Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas; lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido”, afirmó antes de agregar que Iza ya no puede controlar la situación y que la violencia “se le fue de las manos”.

Presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Iza lidera la presión contra el conservador Guillermo Lasso y exige medidas para amortiguar el costo de vida. Reducir los precios de combustibles, una moratoria de deudas para campesinos con la banca estatal y privada y subsidios para los productos agrícolas figuran entre los diez pedidos al Ejecutivo. Tres presidentes dejaron el poder de manera abrupta entre 1997 y 2005 ante la presión social.

Iza -quien en 2019 ya encabezó una protesta antigobierno que dejó 11 fallecidos y más de 1.000 heridos- asegura que las manifestaciones han “profundizado la lucha de clases” y “exacerbado el racismo” en un país donde un millón de los 17,7 millones de habitantes son indígenas.

Los indígenas “no quieren dialogar”, solo “quieren violencia”, dijo este viernes el gobierno de Ecuador tras la jornada más sangrienta de protestas en Quito, luego de una fallida irrupción al Congreso que terminó en choques con la policía y dejó tres muertos la víspera. “Se han desenmascarado ellos solos. No quieren dialogar. No quieren acordar. No quieren que el país se reactive. No quieren paz. Hasta ahora lo único que han demostrado es que quieren violencia”, dijo el ministro de Gobierno (Interior) Francisco Jiménez, en entrevista con la emisora FM Mundo.

El jueves el presidente Guillermo Lasso permitió el ingreso de unos 5.000 indígenas a la Casa de la Cultura, un lugar simbólico para los pueblos originarios, en un gesto de voluntad de diálogo. Pero horas más tarde una facción de los 10.000 manifestantes que protestan en Quito avanzó hacia el Congreso, intentó quebrar el piquete militar que lo rodeaba y desató una ola de violencia. “Hemos cedido (...) en un afán de que la paz se recupere en la ciudad y en el país. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Lo aprovecharon para generar más desmanes”, añadió Jiménez.

Este viernes, en el marco del paro nacional convocado por los indígenas, una turba atacó un convoy militar y policial cerca de Quito que buscaba liberar a vehículos particulares y camiones con alimentos, con un saldo de varios uniformados heridos de gravedad.

El general del ejército Edwin Adatty, comandante de la fuerza de tarea de Quito, dijo en rueda de prensa que “esto no es una protesta social, es una violencia social exagerada, desmedida, con fines políticos”, que no especificó y afirmó que los hechos “no van a quedar en la impunidad”. “Haremos las acciones necesarias para llevar a los violentos ante las autoridades”, dijo.

Añadió que en el ataque, que dejó 17 militares heridos de gravedad y tres camiones militares incinerados, se identificó a manifestantes que disparaban con carabinas, lanzadores de fuegos artificiales y portadores de armas blancas y convocó a la ciudadanía a denunciar “a estos violentos que están causando zozobra y dañando cualquier intención buena que tenga la protesta social”.

La organización Human Rights International informó en su cuenta de Twitter que cuando cuatro de sus funcionarios realizaban un trabajo de investigación y verificación de las protestas en la capital “fueron víctimas de violencia física, hurto e intentaron retenerlos ilegalmente”, ante lo cual y tras una reunión de emergencia se dispuso su retiro inmediato. “Rechazamos estos hechos y hacemos un llamado al diálogo”, expresó esa organización, que no dio más detalles de lo ocurrido.

La noche del jueves murió un manifestante herido por perdigones durante choques de manifestantes con policías y militares en las inmediaciones de la Asamblea, donde también se reportaron alrededor de 100 heridos de diversa magnitud. Previamente se habían informado dos fallecidos en otros sitios por diversas causas. En su cuenta de Twitter la policía también denunció que sus efectivos resultaron heridos por disparos de perdigones.

Hace casi dos semanas la Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó a un paro nacional para exigir al gobierno que cumpla 10 puntos, entre ellos la reducción del precio de la gasolina de 2,55 a 2,10 dólares dólares el galón, mayor presupuesto para la educación y la salud y la fijación de precios de productos agropecuarios.

Las protestas se han caracterizado por el bloqueo casi permanente de las carreteras principales, incluida la Panamericana, especialmente en el centro-norte del país, donde algunas ciudades más grandes padecen escasez de alimentos, combustibles y gas de uso doméstico.

Los manifestantes se han concentrado desde el jueves en la Casa de la Cultura y Parque de El Arbolito en Quito, muy cerca de instituciones como la Asamblea, la Fiscalía y la Procuraduría, cuyo edificio fue incendiado y sus documentos destruidos durante protestas indígenas en 2019, cuando pedían que no se eliminara parcialmente el subsidio a la gasolina.

(Con información de AFP y AP)

Seguir leyendo: