Un diputado correísta pidió destituir a Guillermo Lasso por las protestas sociales en Ecuador

El asambleísta ecuatoriano Juan Cristóbal Lloret, afín al ex presidente Rafael Correa, pidió destituir al actual mandatario, Guillermo Lasso, por las protestas sociales que tienen lugar en el país hace nueve días.

Lloret tomó el estado de excepción por la “grave conmoción interna” que atraviesa la nación para decir que se puede activar el artículo 130 de la Constitución, que se refiere a la destitución del jefe de Estado.

“Cuando él (Lasso) menciona esos términos (”grave crisis” y “conmoción social interna”) habilita mecanismos plena y legítimamente constitucionales porque aquí no se puede hablar de golpismo, no se puede hablar de desestabilización, cuando se invocan preceptos constitucionales”, manifestó el correísta.

Y siguió: “Eso no cabe y, por lo tanto, ahí se activa el 130 de la Constitución, el 140, que le permite tener herramientas, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, para que el pueblo ecuatoriano pueda tomar una decisión sobre los difíciles momentos que está pasando”.

Este martes, el ministro de Defensa de Lasso, Luis Lara, había alertado que “la democracia de Ecuador está en serio riesgo”, en momentos en que arrecian las protestas sociales por la carestía de la vida, con el bloqueo de vías y carreteras, y la llegada de miles de manifestantes a la capital, Quito.

“La democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, dijo en un pronunciamiento ante la prensa.

Añadió que el “único objetivo” de las acciones de grupos violentos “es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades”.

Las Fuerzas Armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones”.

Lara agregó que existe un hecho aún más grave: “Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado”.

“Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones”, señaló.

Y advirtió que las Fuerzas Armadas “no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la república”.

“Las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia”, indicó el ministro.

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