Al menos 846 activistas, periodistas, operadores de justicia y líderes comunitarios en Guatemala sufrieron violaciones de sus derechos fundamentales, denunció este martes una organización humanitaria.
La Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) precisó en un comunicado que entre enero y noviembre recibieron 846 denuncias, de las cuales verificaron 839 como agresiones contra personas, organizaciones o comunidades de defensa.
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La cifra es inferior a las 1.055 agresiones registradas en 2020, año que estuvo marcado por la pandemia del COVID-19.
Según la organización, las agresiones más comunes son el asesinato, la criminalización de las protestas y el hostigamiento.
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La UDEFEGUA ha documentado 11 asesinatos de defensoras de derechos humanos, tres intentos de asesinatos y cinco actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, afirmó.
De acuerdo con la entidad, las agresiones y violencia buscan “profundizar la corrupción, emplear la represión contra quienes se oponen a la imposición de este régimen y garantizar la impunidad a favor de quienes encabezan la consolidación de este Estado autoritario”.
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En septiembre, esta misma organización había denunciado que “las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos enfrentan una situación cada vez más riesgosa para realizar su trabajo en Guatemala”, lamentó Jorge Santos, coordinador general de la UDEFEGUA.
Consideró que ese deterioro se debe en gran parte “a las medidas que ha tomado el mismo Estado para limitar su independencia y criminalizar a actores críticos y que actúan desde su autonomía”.
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El 97% de los ataques es contra de personas que defienden los derechos humano y el resto a organizaciones, instituciones o comunidades defensoras de los derechos humanos.
Para Santos esa situación demuestra un “retroceso democrático (que) se puede identificar con la captura de instituciones fundamentales que hacen valer el estado de derecho y la legalidad en el país”.
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Además, están garantizando la “impunidad para los actores que se dedican a imponer un régimen de violencia y corrupción”.
Asimismo, favorece el retroceso la expulsión de fiscales, jueces y magistrados independientes, la criminalización de comunidades que se oponen a proyectos extractivistas o la restricción de libertades fundamentales de movilidad bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19.
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Por último la entidad estima que “el permanente asedio, hostigamiento, acoso y agresiones contra de quienes defienden derechos humanos abre la puerta para que se consolide un régimen autoritario” en el país.
Una alta funcionaria de Estados Unidos manifestó su preocupación por las acciones contra periodistas y defensores de derechos humanos que recientemente han sido perseguidos penalmente o encarcelados en Guatemala.
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La nación centroamericana enfrenta una reconfiguración de las leyes del poder judicial que, en las últimas semanas, ha llevado a procesar y presentar cargos contra directores y medios de comunicación que han publicado investigaciones que desvelan corrupción estatal.
“Los recientes acontecimientos en Guatemala con respecto a las amenazas y acciones judiciales espurias en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y luchadores anticorrupción son motivo de preocupación”, dijo el miércoles la subsecretaria estadounidense para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya.
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La funcionaria estuvo de visita en el país del 28 de noviembre al 1 de diciembre para tratar además temas de migración y apoyar programas de refugio y asilo para migrantes.
“El Ministerio Público de acuerdo a su mandato legal tiene la obligación de investigar toda denuncia presentada a efecto de lograr la verdad histórica de los hechos, sin que esto signifique criminalización o persecución política”, aseguró la entidad a través de su oficina de comunicaciones.
La jefa del Ministerio Público, la fiscal María Porras, rechazó previamente las críticas de Estados Unidos, describiéndolas como el trabajo del Departamento de Estado, no del gobierno de Biden. El presidente Alejandro Giammattei ha desestimado las críticas a los fiscales guatemaltecos como injustas.
(Con información de AFP y Reuters)
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