Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador declaró la inocencia de cuatro ex policías que fueron acusados y sentenciados a 12 años de prisión por el delito de tentativa de magnicidio en contra del ex presidente Rafael Correa, en 2010. Las pruebas que se usaron para condenarlos fueron alteradas.
Hace 11 años, el 30 de septiembre de 2010, hubo una revuelta policial y protestas en Quito que, según la versión oficial, intentaba deponer al entonces presidente Rafael Correa. De acuerdo a lo publicado en aquel entonces por el departamento de prensa de la Presidencia, “ese día, miles de quiteños y ecuatorianos salieron a las calles para exigir la liberación del Presidente de la República, Rafael Correa, quien se encontraba retenido por más de 10 horas en el Hospital de la Policía. Ese sitio había sido cercado por un grupo de uniformados, quienes confabulados con otros actores políticos, pretendían golpear la estabilidad gubernamental y atentar contra el Jefe de Estado”.
A aquella jornada que dejó muertos, heridos y cientos de procesados, que ya han sido declarados inocentes, se la conoce como el 30S, esa fecha serviría luego como parte de la propagandística del gobierno de Correa para decir que en Ecuador ese fue “el día en que triunfó la democracia”.
Desde el 2018, según la Asociación Víctimas 30S, 156 personas que estaban condenadas por algún delito relacionado con las jornadas del 30 de septiembre de 2010 han sido declaradas inocentes.
Los ex policías Luis Guanotasig, Geovany Laso, Eduardo Mullo y Jesús Jetacama, en 2014, fueron sentenciados a 12 años de cárcel por haber supuestamente intentado asesinar al presidente Rafael Correa. Los ex miembros de la Policía Nacional siempre defendieron su inocencia y aunque tuvieron que estar recluidos y se les ofreció indultos, dijeron que no pedirán perdón por algo que no cometieron.
Guanotasig, Mullo, Laso y Jetacama estuvieron presos alrededor de seis años en una cárcel en Quito, capital de Ecuador. Entre el 2018 y 2019, los ex policías accedieron al beneficio de la prelibertad para cumplir con la sentencia en libertad bajo la condición de presentarse de forma periódica en la cárcel. Con la declaración de inocencia todas las medidas en contra de los ex policías quedan sin efecto.
En junio de 2020, los ex policías solicitaron a la Corte Nacional de Justicia, el más alto tribunal judicial del país, un recurso de revisión. De acuerdo con el Código Integral Penal del Ecuador, el recurso de revisión podrá solicitarse cuando “la sentencia se haya dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. La revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de la sentencia impugnada”.
Para declarar la inocencia de los entonces policías, se presentaron varias pericias entre ellas algunas de tipo balísticas y otras que demostraron que los videos y fotografías que la Fiscalía mostró como evidencia fueron manipulados para acusar a Guanotasig, Mullo, Laso y Jetacama. “Las evidencias fueron contundentes”, dijo Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas 30S a El Comercio.
Ayerve agregó que la pericia balística “determinó que los implicados no estaban armados ese 30 de septiembre del 2010, pues sus armas de dotación se encontraban en el rastrillo de la Policía” por lo que “no existió una planificación ni una organización para intentar asesinar al entonces mandatario”.
Luego de escuchar el fallo a su favor, a las afueras de la Corte Nacional de Justicia, los ex policías se abrazaron y entre lágrimas celebraron su declaratoria de inocencia: “Se hizo justicia, siempre buscamos nuestra inocencia y así es. 30S nunca más”, dijeron. Eduardo Mullo contó a los medios locales que la sentencia del 30S destruyó a su familia y le arrebató su carrera en la Policía Nacional pues fue “dado de baja”, es decir que lo expulsaron, por lo que se quedó sin empleo, en prisión y sus hijos sin una figura paterna durante varios años.
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