El presidente de Bolivia, Luis Arce, endureció su discurso y pidió a sus bases que se levanten contra el paro general. El mandatario dijo este miércoles que las protestas de sectores cívicos y de la oposición contra una polémica ley son en realidad un “pretexto” para eludir los juicios instalados por la crisis de 2019 que dice fue un “golpe de Estado”.
En una reunión con campesinos en La Paz, Arce señaló que la derecha “engaña” y “miente” porque “no tiene argumentos” y que lo que busca en realidad es “la impunidad de lo que ha pasado en el 2019 con el golpe de Estado”.
Arce advirtió que en caso de anular la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, como exigen las movilizaciones que llevan ya tres jornadas de paro indefinido, los opositores “van a buscar” otra ley para observar y “todo van a cuestionar”.
El jefe de Estado insistió en que “lo que preocupa (a los opositores) es que avancen sus juicios” a pesar de la lentitud de la justicia del país.
Justamente el caso llamado “golpe de Estado” abierto por una denuncia de la ex diputada oficialista Lidia Patty por cargos de terrorismo, sedición y conspiración por los sucesos de 2019 no ha avanzado en cuanto a los principales acusados.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho Parada, son los principales denunciados sobre los que la Fiscalía no ha tomado acciones a diferencia de la ex presidenta interina Jeanine Áñez, dos de sus ex ministros y ex jefes militares y policiales que están detenidos y son procesados.
El jefe de Estado boliviano alertó de la necesidad de la organización de los sectores populares, campesinos e indígenas afines al Gobierno puesto que no se puede “permitir” que pase lo mismo que hace dos años.
También advirtió que la oposición busca “arrancar” con sus movilizaciones “lo que no ha ganado en las urnas” y que es necesario defender el llamado “proceso de cambio” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en los nueve departamentos del país.
Desde el pasado lunes, los sectores de oposición y cívicos del país mantienen protestas, bloqueos y manifestaciones en contra del Gobierno al que también exigen que dialogue con los sectores afectados por otras leyes observadas y se restituyan los 2/3 de aprobación en los debates parlamentarios.
Estas jornadas se han caracterizado por los excesos de la Policía y la intervención de sectores afines al oficialismo para contrarrestar los bloqueos, además de agresiones a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y de manifestantes.
Arce tuvo que cancelar este miércoles su visita a Potosí por su efemérides debido a las protestas de la víspera y la muerte de un campesino afín al Gobierno que está bajo investigación a pedido de las autoridades nacionales.
Esto a pesar de que una autopsia estableció que murió por “bronco aspiración” y sin lesiones, según explicó la Defensoría del Pueblo.
Bolivia atraviesa desde 2019 una persistente polarización política entre el oficialismo, que sostiene de que esos hechos fueron un “golpe de Estado”, y la oposición, que considera de que la raíz estuvo en los fallidos comicios de ese año que califica como fraudulentos.
La denuncia de los periodistas
Gremios de periodistas de Bolivia denunciaron agresiones sufridas por informadores a manos de la Policía y de grupos afines al oficialismo durante las coberturas de la huelga.
El incidente más reciente sucedió en la ciudad andina de Oruro, donde una protesta de periodistas que reclamaban garantías para su labor tras sufrir agresiones fue reprimida con violencia por la Policía que les negó el ingreso a la plaza principal.
Durante la protesta, un dirigente del sector, Juan Carlos Yaparí, fue golpeado en el rostro por un policía antimotines, lo que le provocó un sangrado nasal.
“Unos 20 periodistas, todos identificados con chalecos, credenciales y la leyenda de Prensa, expresaron protesta a gritos por la violencia y un jefe policial justificó la agresión al señalar que los agresores confundieron a los periodistas con sindicalistas del comercio informal”, denunció la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en un comunicado.
Yaparí aseguró que los periodistas no han tomado parte por ninguno de los sectores en conflicto y defendió la labor informativa, según la ANP, que agrupa a los principales medios impresos del país.
Otros periodistas orureños denunciaron que el lunes también sufrieron agresiones de manifestantes que bloqueaban calles e intentaron quitarles sus cámaras de video.
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro pidió a las autoridades “policiales, judiciales y departamentales” que preserven “la democracia”, la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Rechazamos las acciones y actitudes violentas de quienes hoy dicen ser representantes del pueblo, así como ellos, todos tienen derecho a disentir de sus opiniones o posiciones. Sólo así se ejerce una verdadera democracia”, indica el pronunciamiento de este sindicato.
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