Tras los últimos hechos de violencia ocurridos en Carahue, una localidad ubicada a 747 kilómetros al sur de Santiago en la denominada zona roja de la violencia en Chile, en región de La Araucanía, las autoridades del Ministerio del Interior chileno anunciaron que esta semana evaluarán la extensión del Estado de Excepción Constitucional que opera desde el pasado 12 de octubre, Al respecto, el titular de la cartera, Rodrigo Delgado, afirmó que el nuevo ataque incendiario que destruyó al menos 10 casas, una bodega y 5 camiones y dos camionetas “no hace más que ratificar el porqué de nuestra decisión en su momento de pedir el Estado de Excepción Constitucional”.
Delgado afirmó que el problema de fondo en la Macrozona Sur “tiene que ver con personas que muchas veces eligen la vía violenta para manifestarse, para imponer sus ideas o para revindicar causas sociales”, por lo que confirmó que esta semana están evaluando “los eventuales segundos 15 días del Estado de Excepción”.
El ministro del Interior indicó que es errado pensar que el problema en la Macrozona Sur se resuelve sólo con protección. A juicio de la autoridad, lo anterior “no es la solución definitiva, las soluciones son multicausales, el problema también es muy complejo. Por lo tanto, hoy en día hay mucha más gente que se siente protegida y segura, pero no resuelve el problema de fondo”.
La acción se generó ayer lunes pasadas las 13, cuando un grupo de cerca de 30 encapuchados ingresaron armados a un predio de la Forestal Casa Blanca en el sector Villa las Araucarias, distante a unos 40 kilómetros de Carahue, quienes procedieron a quemar casas prefabricadas y camiones estacionados en el lugar.
En su huida, el grupo se cruzó con una camioneta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Imperial (631 kilómetros al sur de Santiago) donde se transportaban dos funcionarios, los que fueron detenidos, intimidados y obligados a entregar el vehículo fiscal.
En el predio fue encontrado un lienzo exigiendo la libertad de comuneros mapuches más la salida de los militares y empresas capitalistas. También se confirmó que el camino de acceso al predio de Forestal Casa Blanca fue bloqueado por los encapuchados para dificultar la llegada de personal policial.
Tras el ataque, el Ministerio Público dispuso que la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolle las diligencias para recabar antecedentes sobre este ataque, reivindicado por la agrupación Weichan Auka Mapu. En la investigación por este ataque aún no hay detenidos.
Sobre este hecho el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comentó que “Carahue ha sido, lamentablemente, una de las comunas que más ha vivido la violencia y generalmente se usa como excusa la muerte de Pablo Marchant para cometer este tipo de atentados violentos. Hay que recordar que Pablo Marchant fue autor de un ataque incendiario en que resultó herido por la espalda un trabajador forestal”.
Marchant, de 29 años, fue un comunero mapuche miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que murió en julio del presente año en medio de un enfrentamiento con carabineros en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco, ubicado a 578 kilómetros al sur de Santiago, en el corazón de La Araucanía.
Galli ratificó que “nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios, en primer lugar, para evitar estos hechos de violencia, pero en segundo lugar, en caso que ocurran, encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia”.
El Estado de Excepción impuesto en la Macrozona Sur fue anunciado el pasado 12 de octubre por el presidente Sebastián Piñera y se aplica en las provincias de Arauco y Bio Bío, en la Región de Bio Bío, además de Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía, donde el control de la seguridad pública pasó a manos de las Fuerzas Armadas. En la oportunidad, el mandatario aclaró que el rol de los uniformados será de colaboración, pero no de reemplazo a Carabineros y la PDI.
La Constitución de Chile señala que el estado de emergencia se decreta en “caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación” y que puede ser prorrogada durante otros 15 días por el presidente de la República. Para sucesivas extensiones el Mandatario debe recurrir a la aprobación del Congreso.
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