La operación empezaba en La Habana. Ahí se captaba a cubanos que quisieran huir del réigmen castrista para radicase en Uruguay o hacer una escala intermedia camino a Estados Unidos.
Primero, iban desde Cuba hasta Guyana, donde no se necesita visa para ingresar. Una vez hecho el pago, que se había acordado previamente, se los trasladaba hasta una casa donde estarían seguros hasta la llegada de otros viajeros. Ahí se los dividía según destino final y cantidad de dinero en posesión.
Lo siguiente era ser trasladados por tierra hasta Boa Vista, una ciudad al norte de Brasil que se encuentra muy cercana a la frontera con Guyana. Allí también se alojaban en una casa que proveía la organización y continuaban solo cuando fuera seguro retomar viaje. Se desplazaban en ómnibus o en vuelos de cabotaje a lo largo de Brasil, pasando por Manaos y Porto Alegre.
Terminaban en ciudades brasileras fronterizas con Uruguay como Chui o Santana do Livramento desde donde, después, ingresarían a Uruguay. Una vez dentro, algunos se instalaban como refugiados y otros volvían a tomar contacto con redes de tráfico de personas ilegales. Les cobraban entre 6.000 y 7.000 dólares que, según informó el Ministerio del Interior, solían pagar los familiares de los propios cubanos desde Estados Unidos.
Después de varios meses de tareas de inteligencia, INTERPOL y la DGLCCO (Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado) determinaron la forma de operar de la organización criminal internacional que se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos.
Se realizó un allanamiento en una casa en Montevideo, encontrando evidencia de pagos a Ecuador, Honduras, México y Perú. En conjunto con el dinero también se enviaban los pasaportes originales de los cubanos para que se confeccionaran de manera ilegal y los cubanos pudieran viajar con ellos.
Tras la investigación se detuvieron 34 personas involucradas en la red de trata que solicitaban refugio. Todos de nacionalidad cubana, son 21 hombres y 13 mujeres, entre los 35 y los 45 años.
Doce de esas personas fueron condenadas por el delito de uso de certificado público falso, con una pena de seis meses de prisión, que se cumplirán bajo régimen de libertad a prueba. También se confiscaron 18 visas y 34 pasaportes.
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