El Parlamento uruguayo aprobó este martes el proyecto de ley que regula el teletrabajo, en el que se incluyen aspectos como el derecho a la desconexión del trabajador o la obligación del empleador a proveer y mantener los equipos remotos.
En un debate de algo menos de una hora, la Cámara de Senadores ratificó, con 18 de los 27 votos posibles, las modificaciones efectuadas en la Cámara de Representantes (Diputados) al texto inicial, que ya fue discutido y aprobado en octubre de 2020.
A lo largo de la sesión, varios legisladores coincidieron en resaltar que si bien el teletrabajo existía de alguna manera en Uruguay, el COVID-19 lo situó en un primer plano y que el mundo pospandemia va hacia una modalidad híbrida, en la que presencialidad y virtualidad se darán la mano.
La senadora Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado (PC, centroderecha), una de las cinco formaciones que integra la coalición de gobierno en Uruguay, fue quien redactó el texto original y defendió en su alocución de este martes que “es un gran paso” para el país, en el que se lleva trabajando desde 2009.
La legisladora resaltó la importancia de que el texto definitivo reconozca la desconexión para el trabajador porque, argumentó, “cualquiera que tiene un teléfono inteligente corre el riesgo de tener trabajo sin fin”.
Tanto el Partido Nacional (PN, centroderecha) como Cabildo Abierto (CA, derecha), las otras formaciones oficialistas con representación en el Senado, defendieron el proyecto de ley, si bien hicieron hincapié en que ya existían teletrabajadores en Uruguay, especialmente aquellos vinculados con empresas en el extranjero, lo cual podría generar algún conflicto en su actividad.
Por su parte, el senador Eduardo Bonomi, del Frente Amplio (coalición de izquierdas que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy principal fuerza de la oposición nacional), coincidió con el oficialismo en que “hay que regular” el teletrabajo, si bien expresó su desacuerdo con la forma.
“Consideramos que la regulación es muy débil y, mal aplicada, puede precarizar aún más el empleo, porque flexibiliza demasiado la jornada laboral”, argumentó.
El texto aprobado en Uruguay reconoce que el teletrabajo es voluntario y siempre de acuerdo entre ambas partes, que el empleado podrá repartir las horas de trabajo según sus necesidades, además de que tendrá derecho a la desconexión, y que el empleador deberá proveer los equipos necesarios para la actividad remota, así como su manutención ante cualquier posible deterioro.
Según las cifras ofrecidas por Carmen Sanguinetti, Uruguay registró la actividad de unos 100.000 teletrabajadores, lo que se elevó hasta un 16% de sus 3,5 millones de habitantes en el pico de la pandemia.
(Con información de EFE)
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