Al novel presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, le preocupan los actos internos de su administración. Para evitar las redundancias y excesos expidió un decreto para regular la brevedad y eficiencia en la expedición de informes, dictámenes o actos de simple administración.
La simple administración consiste en el funcionamiento interno del gobierno y sus actos corresponden a sus disposiciones de organización.
De esta manera, el presidente Lasso busca asegurar que el aparato burocrático no malgaste recursos materiales o profesionales en largas resoluciones, redactadas, leídas e impresas una y otra vez. El decreto diagnostica que “actualmente se dedica una considerable cantidad de horas a la elaboración y lectura de documentos innecesariamente extensos y repetitivos y a su posterior impresión”.
El Decreto Ejecutivo Nro. 85, firmado el 16 de junio de 2021, ordena a la administración pública central y órganos dependientes de la Función Ejecutiva, elaborar todo informe, dictamen o acto de simple administración en párrafos cortos, que expresen conclusiones claras y precisas, sin transcripciones de otros informes sino solo su referencia, lenguaje entendible, evitando los formulismos y ambigüedades, prefiriendo un correo electrónico a una reunión en caso de conveniencia, sin citar normas sin relación tangencial con los asuntos materiales.
Además, se prohíbe requerir a los ciudadanos la presentación de fotocopias de sus documentos de identificación u la constancia de haber participado en procesos electorales.
El decreto se expide ante de que se cumpla un mes de haberse posesionado el presidente Guillermo Lasso.
En su discurso de posesión aseguró que modernizaría la administración pública y que se ejercerían únicamente las funciones establecidas en la Constitución y en la ley. Estas expresiones pueden ser leídas como embestidas a las presidencias precedentes que, de acuerdo a algunos analistas, malgastaron tiempo, recursos materiales y capacidades profesionales en los gobiernos para acciones innecesarias, redundantes y ambiguas.
A esto debe sumarse la frondosidad burocrática del gobierno del Ecuador, que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, entre 2007 y 2017, incrementó de 16 a 37 las carteras de Estado, entre ministerios, ministerios coordinadores y secretarias. Solamente entre ministros, secretarios y directores o delegados presidenciales, Correa llegó a tener más de 116 distintos titulares de las carteras de gobierno que rotaban constantemente en distintas funciones. Lo mismo se puede decir del expresidente Lenín Moreno que gobernó entre 2017 y 2021 que tuvo más de 150 distintos titulares en los mismos cargos. Si a esto se suman viceministerios, subsecretarias, coordinaciones zonales, direcciones ministeriales, gobernaciones u otros cargos políticos provinciales, la capacidad de expedición de actos de simple administración se multiplica de forma desproporcionada.
Esta ineficiencia administrativa dificulta la creación de empresas y emprendimientos en un país cuyo tejido comercial está compuesto en el 98% por microempresas y pequeños negocios. Según el informe Doing Business, en el país se deben realizar alrededor de 11 distintos tipos de trámites burocráticos para la apertura de un negocio que puede demorar hasta 50 días en recibir su autorización de operación.
Según este mismo informe, Ecuador ocupa el puesto 177 respecto a la clasificación de la apertura de una empresa, muy por debajo de Chile, Colombia, Argentina o, incluso, el resto de la media regional latinoamericana.
El presidente Lasso firmó 42 dos decretos presidenciales dentro de las 48 horas posteriores a su posesión, 33 de lo cuales corresponden al nombramiento de las autoridades en su gabinete ministerial.
Después decretó otras disposiciones como aquella sobre el manejo ético de recursos del Estado para privilegiar el financiamiento de los servicios esenciales e instalar la austeridad en el funcionamiento de la administración.
Otro decreto de gran valor simbólico, y que marca un contraste con el pasado de los recientes gobierno, es aquel que expidiera el presidente Rafael Correa ofreciendo seguridad militar a perpetuidad a los expresidentes, exvicepresidentes y a sus familiares en cualquier lugar del mundo. Guillermo Lasso derogó ese decreto y ordenó que la seguridad corresponda únicamente a los presidentes, vicepresidentes y a sus esposas en tanto permanezcan en el ejercicio de sus cargos.
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