La Cámara de Diputados de Chile aprobó este viernes el proyecto que permite un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos privados de pensión. La iniciativa, que ya había recibido el aval del Senado, recibió 119 votos a favor y 17 en contra, mientras que hubo 3 abstenciones.
No obstante, esta aún no podrá ser promulgada porque el gobierno de Sebastián Piñera busca bloquearla en el Tribunal Constitucional, argumentando que es una medida contraproducente.
El mandatario aseguró las pensiones se reducirían casi un 29 por ciento en promedio y que casi la mitad de las cuentas quedarían vacías. “Hay aproximadamente tres millones de chilenos que no tienen ahorros en sus cuentas previsionales, por lo que no tienen recursos para retirar ahora ni para jubilarse en el futuro. Si el tercer retiro llegase a prosperar, ya serían cinco millones de personas en esta situación”, advirtió el Ministro Secretario General de Gobierno (Segpres), Juan José Ossa, el martes.
La acción motivó múltiples manifestaciones a lo largo del país, la mayoría de ellas en forma de cacerolazos, barriadas y disturbios. Las protestas iniciaron con un masivo cacerolazo desde las 9 PM en todo el país. En cuanto a los enfrentamientos, uno de los más críticos tuvo lugar en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, donde al menos 50 sujetos atacaron la 33° Comisaría de Carabineros, quienes respondieron lanzando gases lacrimógenos y con el uso del carro lanza agua para dispersar a la multitud.
El gobierno buscaba que las medidas principales de alivio económico salieran de sus propias arcas, y no de los privados. Si bien se han anunciado iniciativas por un total de USD 20.000 millones -10 por ciento del PBI chileno- algunos de estos rescates han sido fuertemente criticados por la ciudadanía chilena al asegurar que no estarían llegando masivamente a la población.
La serie de requisitos y condiciones impuestas para optar a las ayudas, además de su tardanza, generó mucha rabia y desesperación en una población obligada a permanecer varios meses en cuarentena.
Declaraciones recientes de empresarios, como la del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien afirmó que en su sector “falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno”, no hicieron más que aumentar el descontento de la población.
Presionado por el avance del tercer retiro, Piñera anunció el lunes la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencias (IFE) a 13,5 de los 19 millones de habitantes del país, que recibirán un bono de 100.000 pesos (143 dólares) mensual durante un trimestre.
No obstante, la decisión ha generado una crisis política para el mandatario, al punto que partes de la oposición consideran presentar una moción para destituirlo (Acusación Constitucional).
En este proceso, los diputados actúan como parte acusadora y presentan sus razones, mientras que los senadores funcionan como jurado. Cuando estos aprueban la acusación, el alcanzado queda suspendido de su cargo y sin poder desempeñar funciones públicas por cinco años.
En el gobierno, el Ministro Secretario General Juan José Ossa calificó a la iniciativa como una “jugarreta política de mala fe”. “Debemos dialogar y conversar para ayudar a los chilenos”, dijo. El Ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que es “una cuestión política absurda”.
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