En medio de la tensión en el sur de Chile por el incremento de ataques a camioneros, incendio de maquinarias y toma de predios agrícolas por parte de miembros del pueblo mapuche, el gobierno, el arco político discute sobre la manera de abordar la situación.
La disyuntiva está entre el polémico plan de decretar estado de sitio y militarizar las regiones de La Araucanía y el Biobío, lo que es propuesto por sectores de la derecha política de Chile, y el inédito pedido de diálogo planteado por la oposición y parece ser el camino que prefiere el presidente Sebastián Piñera.
El conflicto en la conocida Macrozona sur de Chile tiene un origen de larga data, e involucra al Estado chileno y a las comunidades mapuche, quienes insisten en demandar y recuperar territorios que eran de su propiedad en el pasado antes de ser ocupados por el avance de la colonización, el latifundio y las empresas transnacionales, algo que los analistas descifran como la “deuda histórica”. Sin embargo, a juicio de los técnicos, la situación actual va más allá de la historia, y en el presente existe una radicalización que no necesariamente tiene que ver con el conflicto generacional.
Tras una reunión realizada el pasado lunes en La Moneda con los máximos jefes de la policía civil y uniformada, además del Ejército y los ministerios de Defensa y del Interior, Piñera acordó perfeccionar la Ley Antiterrorista y realizar una convocatoria a “un acuerdo nacional para destrabar este conflicto”.
La reunión busca articular una coordinación entre los distintos poderes del Estado de Chile, además de Fiscalía y Contraloría. “Yo pido que nadie pretenda utilizar el drama que está ocurriendo en la Macrozona Sur con pequeños intereses políticos, eso no merece ningún comentario. Pero sí abrimos las puertas de par en par a los que de verdad quieren colaborar a resolver el problema”, dijo.
Además, el Jefe de Estado añadió que “aquí al final, cuando hay problemas graves, los chilenos se dividen en dos grupos: los que quieren solucionar el problema y los que quieren poner todos los obstáculos para que ese problema se agrave. Bienvenidos los primeros, no tenemos oídos para los segundos”.
Esta instancia de diálogo es observada con distancia desde los partidos de la oposición, quienes insisten que la política del gobierno “fracasó” en la zona, y que es una propuesta que aparece “a destiempo” tras el avance del conflicto.
Durante 2020 hubieron 172 denuncias vinculadas a delitos de mayor gravedad, como muertes y atentados incendiarios. Esto significó un incremento de un 42% respecto de 2019. Los más afectadas por el conflicto son los agricultores, la policía y los contratistas forestales. Se cuentan 306 vehículos afectados, además de 142 maquinarias y 90 construcciones de todo tipo, lo que da un total de 538 bienes destruidos en un año.
Desde Carabineros además se informó que el conflicto en la Macrozona sur dejó un saldo de 394 carabineros lesionados, 38 de ellos con heridas graves. De esta cifra, 81 de ellos fueron por impactos balísticos. Además desde el 2012 a la fecha hay 3 carabineros fallecidos, cada uno de ellos en ataques armados.
El ministro del Interior en la zona
Tras la reunión en La Moneda, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado y el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, viajaron a la región de La Araucanía para sostener reuniones de trabajo que buscan frenar la violencia.
El ministro fue recibido con protestas de agricultores en la Intendencia de La Araucanía, quienes realizaron un “pantalonazo” para exigir que el Presidente Piñera y su gobierno se “ponga los pantalones” con el tema.
Frente a los hechos, el jefe de cartera de Interior manifestó que el desafío de su visita “es mejorar la coordinación, aumentar la sinergia, mejorar la cooperación, mejorar la inteligencia” para poder enfrentar “al crimen organizado, el armamento de guerra, el narcotráfico, el robo de madera, de vehículos, de una forma distinta”.
Dentro de las medidas anunciadas, se comunicó que habrá un fortalecimiento en la rondas La Araucanía, Biobío y Los Ríos. En aquellas se hará partícipe al personal de la Policía de Investigaciones, Carabineros e integrantes del Ejército.
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