El Consejo Nacional de Salud de Bolivia (Conasa) anunció este jueves que desde el viernes y hasta el 28 de febrero entra en paro general en contra de la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria.
En una rueda de prensa, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, leyó la resolución del gremio en la que se “instruye a todos los colegios médicos a acatar el paro general definido movilizado hasta la fecha del 28 de febrero”.
Como ya había anunciado en ocasiones anteriores, el gremio de la salud señaló que la medida de presión se da por “la falta de voluntad del Gobierno a sentarse a dialogar con el sector para atender la demanda de mejores condiciones de salud para la población que demanda todos los días mejor atención médica y que cada día tiene que lamentar el deceso de un familiar y nosotros de un colega”.
El gremio exhortó al Gobierno del presidente Luis Arce a que la Ley de Emergencia Sanitaria “debe abrogarse por ser inconstitucional”.
En la noche de este miércoles, el presidente Luis Arce promulgó la ley pese a las advertencias del personal de la salud sobre una huelga indefinida si el mandatario firmaba la norma, que es rechazada también por la oposición.
Las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos cuestionan que la ley apruebe las cláusulas de confidencialidad y reconocimiento de normativa extranjera para la compra de pruebas, vacunas y medicamentos, al considerar que eso restará transparencia a la gestión de la crisis sanitaria y podría dar paso a la corrupción.
También advirtieron que con la norma, el Gobierno nacional quita autonomía y capacidades a los Gobiernos regionales y municipales en la gestión sanitaria, en contra de lo que señala la Constitución.
LLAMADO AL DIÁLOGO
La Defensoría del Pueblo de Bolivia lamentó la decisión del Conasa e hizo llamados al diálogo entre las partes.
“Si bien se reconoce el derecho a la protesta del sector salud como grupo vulnerable frente al COVID-19, sus demandas deben ser razonables y se deben agotar todas las vías de diálogo”, señaló la Defensoría en un comunicado.
El organismo también alertó de que esta medida de presión puede significar un riesgo para la salud de los bolivianos que necesitan de atención médica a causa del coronavirus.
La Defensoría considera que los acuerdos y las observaciones que hizo el Colegio Médico de Bolivia a la ley fueron acatados por el Gobierno, por lo que no encuentran “un punto de debate que justifique las medidas anunciadas por el sector de salud”.
Sin embargo, sí reconoce que algunas medidas de bioseguridad y protección para el personal de la salud han sido insuficientes, por lo que exigió “al Estado asegurar los recursos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia y demanda a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales para que, en el marco de sus competencias, continúen y amplifiquen la atención de estas demandas”.
Por su parte, el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, instó al Gobierno y al sector salud para que a través de consensos elaboren la reglamentación de la nueva norma.
“Estoy convencido de que el Consejo de Ministros pueda convocar (al sector salud) y ellos sean parte de esta reglamentación para que sea más responsable, para que no solo beneficie al pueblo, sino a los profesionales en salud, mejorando sus condiciones de trabajo”, dijo Rodríguez este jueves en declaraciones a medios.
Y apeló a “la conciencia de los médicos, los profesionales en salud no pueden interrumpir el servicio en esta crisis sanitaria, (…) mucha irresponsabilidad en plena crisis sanitaria parar el servicio de salud, es inconcebible”.
La Ley de Emergencia Sanitaria establece varias disposiciones como el control a los precios de los servicios en los centros privados, de los tratamientos y de los medicamentos, la contratación directa de médicos extranjeros y la prohibición de cualquier movilización como paros por parte del personal sanitario.
Bolivia afronta una segunda ola de la pandemia desde finales de diciembre, con reportes diarios que durante varias jornadas se mantuvieron por encima de las 50 muertes y 2.000 contagios.
El país reporta 11.303 decesos y 238.495 contagios desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos.
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