Los robos de automóviles siguen creciendo en Chile. Entre los portonazos y las encerronas, una simple salida puede convertirse en una pesadilla si no se consideran resguardos que las autoridades presentan como reales opciones para evitar este tipo de robos.
La denominada encerrona es un delito que ha venido creciendo en las autopistas y rutas, la cual consiste en que uno o más vehículos en movimiento acorralan el automóvil de la víctima para asaltarla mientras circula por la carretera. Este acto tiene la particularidad que al ejecutarse en autopistas, evidentemente la posibilidad de fuga de los delincuentes es mucho más fácil.
El pasado 13 de enero fue noticia que la guardia de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, frustró un asalto utilizando su arma de servicio en al menos ocho oportunidades. El tipo de asalto utilizado: una encerrona.
La funcionaria, integrante de Carabineros, iba de regreso de sus funciones junto al chofer de la autoridad gubernamental por la Costanera Norte. Tras dejar a la subsecretaria en su vivienda, fueron abordados e intimidados por al menos tres personas armadas. Ante este escenario, la escolta disparó en al menos ocho oportunidades para evitar el robo del vehículo. Los sujetos se dieron a la fuga.
Para las autoridades, el incremento de este tipo de delitos requiere un aumento urgente de las sanciones para quienes cometan encerronas, así mismo cualquier tipo de ataque similar. Así, el gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que establece que este tipo de conductas ya no serán sancionadas como hurtos, sino como robos, aumentando así la pena asignada. De este modo, quien se apropie de un vehículo procediendo con sorpresa, aprovechándose del descuido de la víctima o realizando alguna maniobra para que lo abandone incluso sin mediar violencia o intimidación, podrá ser condenado a presidio menor en su grado máximo, esto es, a una pena que fluctuará entre 3 años y un día a 5 años. Ahora bien, si el ladrón iniciara la conducción y en el interior hubiere un menor de edad o una persona que no pueda abandonar el vehículo por sus propios medios, la pena se elevará hasta los 20 años.
El proyecto establece en su descripción que ”también que se considerará como intimidación el hecho de fracturar los vidrios del vehículo encontrándose personas en su interior, pudiendo con ello sancionarse al delincuente como autor de robo con intimidación, con una pena que va desde 5 años y un día a 20 años. Por el contrario, si no hubiere nadie en el interior del vehículo al producirse la fractura, la sanción mínima que se podrá imponer será menor a la que se aplica actualmente, castigándose con presidio menor en su grado medio a máximo, esto es, de 541 días a 5 años y no con la actual normativa, en que la pena sería presidio menor en su grado máximo, esto es, de 3 años y un día a 5 años”, describe.
El pasado lunes, Carabineros desarticuló una banda dedicada a la receptación de automóviles robados mediante las encerronas. Todos vehículos de lujo que estaban en pleno proceso de desarme. Algo que, según la nueva ley, también recibirá penas más altas.
Así, al que tenga en su poder un vehículo robado con conocimiento de su origen, se le aplicará una multa relacionada al valor de la tasación fiscal del vehículo o pena de presidio, que podría alcanzar los 5 años. Sin embargo, si el vehículo robado hubiere sido sustraído utilizando la técnica del portonazo o encerrona, se le deberá aplicar el máximo de la pena .

La abogada del Instituto de Lbertad y Desarrollo LYD, María Trinidad Schleyer, advierte que las medidas presentadas en el proyecto de ley del Ejecutivo, van por el camino que pretende desincentivar la práctica de este tipo de delitos. “Con todas estas medidas, de carácter penal y administrativo, se espera que los propietarios de vehículos motorizados estén más seguros al conducir, siendo no sólo más gravoso cometer estas conductas para los delincuentes, sino también para quienes se aprovechan ellas al comprar o recibir bienes mal habidos”, cuenta.
Registrar los robos, argumenta, permitirá que los delincuentes, tanto los ejecutores de la encerrona como los receptores, sean efectivamente sancionados y no queden impunes, ya que deberán conocer el origen de los bienes que adquieren al ser de conocimiento público. Finalmente, mayores medidas de protección a los automóviles y de información para su rastreo harán más difícil el actuar delictual, relata.
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