La autopsia reportó que una de las víctimas de la represión en Perú murió por 10 perdigones de plomo

Jack Bryan Pintado, de 22 años, perdió la vida a manos de la policía cuando se manifestaba en Lima. Por su parte, Inti Sotelo, de 24, recibió cuatro impactos de un “arma de fuego”

Policías disparan gases lacrimógenos contra los manfiestantes en el centro de Lima (Ernesto Benavides/AFP)
Policías disparan gases lacrimógenos contra los manfiestantes en el centro de Lima (Ernesto Benavides/AFP)

Los informes de las autopsias de los dos muertos por la represión en las protestas en Perú confirmaron que sufrieron varios impactos de armas de fuego, lo que elevó las críticas hacia el accionar de la Policía, que también dejó más de 100 manifestantes heridos.

El menor de las víctimas fatales, Jack Bryan Pintado Sánchez (22), recibió diez perdigones de plomo: dos en el cráneo, dos en la cara, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho. “Fue asesinado cuando ejercía su derecho a la protesta”, indicó en Twitter el abogado Ronald Gamarra, quien compartió el reporte de la necropsia.

El informe forense de Bryan Pintado
El informe forense de Bryan Pintado

Por su parte, Inti Sotelo Camargo (24) fue impactado con cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón. El informe forense se limita a reportar que el agente causante fue un “proyectil de arma de fuego”.

Pintado y Sotelo fueron recordados en una vigilia en varias ciudades del país la noche del domingo, mientras que en redes sociales sus fotos circularon bajo el título “Héroes del Bicentenario” (que Perú cumple el 28 de julio de 2021).

Inti Sotelo y Bryan Pintado
Inti Sotelo y Bryan Pintado
Un joven coloca una bandera sobre el ataúd de Inti Sotelo Camargo en su velorio en Lima (AP Photo/Rodrigo Abd)
Un joven coloca una bandera sobre el ataúd de Inti Sotelo Camargo en su velorio en Lima (AP Photo/Rodrigo Abd)

Los manifestantes con camisetas y banderas rojiblancas colocaron velas, flores y postales en honor de los dos jóvenes asesinados frente al Parlamento, pero también regresaron a sus hogares sin conocer al nuevo presidente, por la falta de consenso entre los legisladores. Las pancartas mostraban frases como “Sangre derramada, jamás será olvidada”, o “De luto, pero jamás en silencio”.

La actuación policial ha sido severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, desde que empezaron las protestas el martes, el día que asumió el mandatario interino Manuel Merino, quien renunció el domingo tras la violenta represión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lamentó la muerte de los dos manifestantes y exigió “investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades”.

Merino fue denunciado penalmente junto con él su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y ministro del Interior Gastón Rodríguez, así como a los jefes de la Policía Nacional por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones. La denuncia indica que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.

Manifestantes pidiendo la renuncia del presidente interino, Manuel Merino, poco antes de que anunciara su dimisión (AP Foto/Rodrigo Abd)
Manifestantes pidiendo la renuncia del presidente interino, Manuel Merino, poco antes de que anunciara su dimisión (AP Foto/Rodrigo Abd)

Los defensores de los derechos humanos reportaron además el empleo de gas lacrimógeno cerca de iglesias y hospitales. “Estamos documentando casos de brutalidad policial en el centro de Lima”, escribió en Twitter el sábado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Todo indica que la represión contra manifestantes pacíficos se está intensificando”.

En tanto, todavía se busca intensamente el paradero de nueve manifestantes que no volvieron a sus hogares tras la protesta del sábado. La lista de desaparecidos divulgada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que llegó a ser de más de 40 personas, fue reduciéndose, pero la ONG todavía exige a la policía que permita el acceso a cuarteles para investigar las posibles detenciones irregulares.

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