El régimen de Daniel Ortega ascenderá al jefe policial de Nicaragua sancionado por EEUU

Juan Antonio Valle Valle será promovido a comisionado general, el segundo rango más alto de la institución

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo
En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Uno de los jefes policiales de Nicaragua, Juan Antonio Valle Valle, sancionado por EEUU por violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018, será ascendido de rango, informó este viernes esa institución.

Valle Valle, jefe policial de Vigilancia y Patrulla de la Policía Nacional, será ascendido al rango de comisionado general, el segundo más alto de la institución, durante el acto del 41 aniversario de la Policía Nacional, el próximo 9 de septiembre, de acuerdo con la información.

Junto a Valle Valle será ascendido también el jefe policial del departamento de León, Fidel Domínguez, señalado por organismos humanitarios de violar los derechos humanos de los nicaragüenses, principalmente de los que se oponen al régimen que preside el sandinista Daniel Ortega.

Ambos jefes policiales serán ascendidos por Ortega durante la conmemoración del 41 aniversario de la Policía Nacional, nacida como Policía Sandinista, en 1979, dijo, por su lado, la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

Juan Antonio Valle Valle
Juan Antonio Valle Valle

TAMBIÉN SERÁ ASCENDIDO EL POLICÍA QUE HUMILLÓ A UNA FAMILIA

La Dirección de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, que dirige Valle Valle, es señalada de ejecutar una estrategia de asedio contra opositores y desmontar protestas contra el Gobierno.

Estados Unidos lo sancionó “por ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía Nacional, una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.

También lo acusa de “actos de violencia o conducta significativos que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos contra personas asociadas con el protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.

En el caso de Domínguez, encabezó en noviembre del año pasado un acto hacia una familia opositora, a quienes esposó y obligó a comprometerse a “no joder a los militantes sandinistas” en un video que se viralizó.

Es ascenso de ambos jefes policiales, junto con otros cinco comisionados mayores, fue celebrado por Murillo, en nombre del Gobierno.

El secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, en el Capitolio, en Washington DC, EEUU. 1 de septiembre de 2020. Nicholas Kamm/Pool vía REUTERS
El secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, en el Capitolio, en Washington DC, EEUU. 1 de septiembre de 2020. Nicholas Kamm/Pool vía REUTERS

EEUU HA SANCIONADO A LA JEFATURA POLICIAL

El secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, dijo en su momento que el “régimen de (Daniel) Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense”.

El Gobierno de EEUU ha acusado a ese cuerpo policial de “usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte; además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.

Washington también ha sancionado al director de la Policía, Francisco Díaz, y a su subdirector, Ramón Avellán Medal, así como a Justo Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales del cuerpo, y Luis Alberto Pérez Oliva, máximo responsable de la policía judicial y director de la prisión de El Chipote, donde algunos alegan que se ha practicado la tortura y violaciones, entre otros abusos.

Esos jefes policiales estuvieron entre los que fundaron esta institución en 1979, bajo el nombre de “Policía Sandinista”.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de “golpe de Estado”.

(Con información de EFE)

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