Operación Océano: empresarios, ex jueces y políticos involucrados en una red de explotación sexual a menores en Uruguay

El desmantelamiento de una red de explotación sexual a jóvenes adolescentes, algunas menores de edad, sacude a la sociedad uruguaya. Las autoridades del país han imputado hasta el momento a 21 personas. Empresarios, ex jueces, arquitectos, políticos y maestros, entre otros, se han visto involucrados en esta trama en la que la que, gracias a su posición económica y social, ofrecían a las adolescentes dinero, drogas, ropa o viajes en yate a cambio de sexo.

El primer caso se conoció en 2019, luego de una denuncia por abuso sexual. La justicia uruguaya empezó investigar, a encontrar pistas. Era apenas la punta del iceberg. Fue así como se hallaron fotos y mensajes de textos en los que los hombres ofrecían “regalos” a cambio de relaciones sexuales.

Entre los implicados se encuentra el ciudadano argentino Ricardo Cirio Oreste, de 63 años, quien era director de un colegio privado en Punta del Este y que tenía antecedentes penales. El hombre fue capturado en un Buquebús que iba rumbo a Uruguay, luego de violar la cuarentena en Argentina.

En el marco de una investigación realizada por funcionarios de Crimen Organizado e Interpol, bautizada “Operación Océano”, la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, informó de la captura Cirio Oreste. Además, la autoridades buscan a otro ciudadano argentino, a un uruguayo y a un brasileño, quienes también harían parte de la red internacional de explotación sexual.

Cirio Oreste fue imputado por el delito de “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”. El hombre era director del prestigioso colegio St. Clare’s. Sin embargo, luego de la captura, la institución educativa emitió un comunicado en el que aclara que el argentino ya no tiene ningún vínculo con ellos. Hasta el 2016 fue el presidente de la fundación del colegio, según informan medios uruguayos.

Gracias a las denuncias de seis jóvenes las autoridades empezaron la investigación. La primer lo hizo por abuso sexual contra un empresario paraguayo, y gracias a este caso las autoridades fueron encontrando las pistas de la red de explotación.

La justicia también investiga si la muerte de una joven de 18 años, que un principio fue catalogada como suicidio, está relacionada con el caso. En el celular de la adolescente se hallaron mensajes de texto en el que hombres le ofrecían dinero y regalos a cambio de relaciones sexuales.

La mayoría de las víctimas eram buscadas en aplicaciones de citas como Tinder o Badoo, y en redes sociales o sitios de promoción del trabajo sexual. Algunas de las jóvenes dejaban claro en los mensajes que era menores de edad y que iban al colegio.

Los hombres se aprovechaban de la situación socioeconómica, de vulnerabilidad, de las jóvenes y les ofrecían viajes en lujosos yates, ropa, perfumes, invitaciones a fiestas y dinero.

Entre las personas imputadas se encuentran: Nicolás Ortiz (docente, diputado suplente del Partido Colorado suspendido), Miguel Ángel Larramendi (abogado, exasesor de la URSEA - Ente de Energía y Agua, docente de Derecho Administrativo de la UDELAR), Mauricio Zardo Cabrera (arquitecto), Nicolás Chírico (organizador de fiestas, dueño del boliche La Terraza, empresario), Manuel Nande Bagnulo, Leonel Enrique D’Albenas Castro (escritor y fotógrafo), Matías Sosa de León (empresario), Diego Susena (candidato a la Junta Departamental de Montevideo por el Partido Nacional), Jacques “Jacky” Paullier Symonds (empresario), Ariel Pfeffer Slobodinsky (director de Endeavor e integrante del Piso 40), Diego Francisco Susena (empresario) y Washington Balliva (el ex juez de menores, ex juez de Aduanas).

“Las jóvenes frecuentaban boliches y fiestas electrónicas donde ingresaban fácilmente a las áreas VIP de los locales y allí se contactaban con otros adultos que pedían sexo a cambio de dinero o algún otro tipo de retribución”, informaron autoridades urguayas.

En promedio, en Uruguay se presentan 350 denuncia por explotación sexual infantil. Las autoridades, sin embargo, advierten que el número en realidad puede se mayor porque la mayoría de los casos no se denuncian.

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