El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este lunes la ley que habilita a convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras un histórico acuerdo político y meses de protestas callejeras.
“Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo Constitucional”, que “no es una vara mágica que resuelve todos los problemas”, dijo el mandatario, en un acto oficial.
La ley fue aprobada la semana pasada en el Congreso y es una de las principales demandas en las manifestaciones sociales que sacuden Chile desde hace dos meses.
La ciudadanía podrá elegir entre una convención mixta, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos, o una asamblea integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.
Los manifestantes culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país, ya que le concedió al Estado un rol secundario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
Piñera recordó que es el primer plebiscito en 30 años en Chile (tras el histórico “No” a la permanencia de Pinochet) y señaló que “debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días”.
Además, subrayó que la población no solo decidirá sobre el proceso de entrada a la reforma constitucional, sino también tendrá la última palabra sobre el texto, pues tendrá que ser aprobado en un plebiscito ratificatorio.
En la última encuesta de Plaza Pública de Cadem sobre el proceso para elaborar una nueva Carta Magna, el 86 por ciento de los encuestados se ha mostrado a favor. El 75 por ciento, en tanto, cree que hará de Chile un país mas justo.
Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional. Decenas de personas han muerto en las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad.
Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una “agenda social” para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo.
(Con información de AFP y EFE)
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