La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el gobierno interino de Bolivia para crear un grupo independiente de expertos que investigue la violencia durante la crisis política que se desató en el marco las últimas elecciones y dejó 36 muertos.
Bolivia y la CIDH “anuncian que firmaron hoy un acuerdo para instalar un GIEI - Grupo Independiente de Expertos Internacionales” que ayude a “investigar los hechos de violencia del contexto electoral entre septiembre y diciembre de 2019”, informó en Twitter la organización. Las elecciones tuvieron lugar el 20 de octubre. El grupo estará compuesto por cuatro personas designadas por el organismo y tendrá un mandato de 6 meses, que podrá extenderse por acuerdo de las partes.
Según el documento constitutivo, también publicado en las redes sociales de la CIDH, los integrantes del grupo tendrán entre sus facultades la realización de un análisis técnico para determinar posibles responsabilidades penales sobre “actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia”.
Para ello, especificó, tendrá acceso a expedientes de investigación y causas iniciadas." Tendrá mandato para investigar los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades, incluyendo asesinatos individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias".
También podrá analizar si se están desarrollando correctamente las líneas de investigación que están teniendo lugar en Bolivia, y empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de las responsabilidades penales. De no ser este el caso, podrán recomendar acciones a implementarse para garantizar que la investigación “agote cabalmente y en distintos niveles de responsabilidad las líneas”.
La Comisión indicó que en el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, tuvo noticia de 36 muertes en Bolivia. El grupo independiente tendrá la potestad de implementar asimismo un “plan de atención integral a las víctimas y sus familiares”.
Evo Morales renunció el 10 de noviembre en medio de una fuerte crisis política y social desencadenada por un informe de la OEA que reveló irregularidades en las elecciones generales realizadas en octubre y se asiló en México, invitado por Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada viajó a Cuba para una consulta médica, según informó Graciela Montaño, su ex ministra de Salud. Sin embargo, los detalles de su estadía en La Habana se mantuvieron bajo total reserva. Este jueves se trasladó a Argentina, donde vivirá como refugiado político.
Morales buscaba un cuarto mandato luego de lograr una habilitación especial a una prohibición constitucional y tras perder un referendo en 2016 que rechazó su reelección. La tensión reinante en el país se convirtió en violencia luego de que las elecciones estuvieran marcadas por acusaciones de frauda.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha concluido en su informe final que en los comicios de hecho hubo una “manipulación dolosa” y “parcialidad”, así como “irregularidades graves”, tales como la “falta de resguardo de las actas” y la pérdida de “material sensible”.
Bolivia se prepara ahora para celebrar unas nuevas en las que ni Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar, conforme al acuerdo al que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Gobierno de Áñez han llegado en el Congreso. No obstante, el MAS tiene la intención de que Morales organice la campaña presidencial del partido.
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