Carabineros de Chile ha anunciado este martes la suspensión del uso de “perdigones de goma” por parte de las fuerzas de seguridad como “herramienta antidisturbios” en el marco de una “conducta de prudencia” tras reiterar que las autoridades están indagando sobre la composición de las balas adquiridas en 2017.
En este sentido, el director de Carabineros, el general Mario Rozas, ha explicado en un comunicado que la medida se ha tomado a partir de las discrepancias encontradas en relación con la composición de los balines, tanto en la ficha del proveedor como en los informes de la Universidad de Chile y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
Rozas ha indicado que la ficha de 2017 entregada por el proveedor refleja la compra de “una munición marca TEC, calibre 12” y que “cada cartucho contiene 12 perdigones, que miden cada uno ocho milímetros y pesan siete gramos aproximadamente”.
El oficial ha reiterado que se trata de “municiones no letales”, pero no ha precisado las diferencias entre el análisis de la ficha de compra y la composición indicada en el estudio del laboratorio.
De este modo, los perdigones “solo podrán ser utilizados, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”, tal y como expresa el comunicado.
“Dicha restricción será evaluada una vez que tengamos en nuestro poder los resultados de los estudios complementarios como hemos solicitado en los laboratorios externos de Chile y el extranjero, así como las certificaciones complemetarias solicitadas al proveedor”, agrega el texto.
Rozas ha recordado que el 10 de noviembre pasado, ordenó limitar “el uso de escopetas antidisturbios solo cuando exista el riesgo de vida de Carabineros o de civiles”.
A principios de la semana, Rozas manifestó que, según los detalles del fabricante y los análisis del propio cuerpo policial, los perdigones utilizados para reprimir las protestas de las últimas semanas en Chile son de goma.
Sin embargo, sus declaraciones tuvieron lugar después de que un informe de la Universidad de Chile señalara que los proyectiles utilizados por las fuerzas del Estado contenían tan solo un 20 por ciento de caucho y un 80 por cierto de otros compuestos, entre ellos plomo.
El 14 de noviembre pasado, el Tribunal de Apelaciones de Concepción, segunda ciudad de Chile, aceptó a trámite el recurso de protección presentado contra Carabineros y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública por el uso de armas letales, balines y gases lacrimógenos contra aquellos que participan en protestas y manifestaciones pacíficas.
Por su parte, un informe publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha detallado que entre los 2.365 heridos, 42 lo han sido por impactos de bala, 774 por perdigones, 400 por armas de fuego no indentificadas, 45 por balines y 1.104 por golpes y gases lacrimógenos. Además de un repunte de 217 personas afectadas por traumas oculares.
Las protestas estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social. Al menos 19 personas han muerto y más de 6.000 han sido detenidas por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El INDH ha denunciado torturas y otros abusos a las personas arrestadas.
Con información de Europa Press
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