"El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con los policías, eso es normal", dijo el ex juez Sergio Moro en diálogo con Folha de Sao Paulo sobre la filtración de sus conversaciones con los fiscales de la operación Lava Jato, el máximo escándalo de corrupción de Brasil. "Hay mucho sensacionalismo encima de estos supuestos mensajes", se quejó.
Para el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, "hubo una invasión criminal de los teléfonos celulares de los fiscales". Y agregó: "Para mí, este es un hecho muy serio. Y, en cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto mucho".
El domingo por el portal The Intercept Brasil publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el entonces juez Sergio Moro. Entre los mensajes publicados, destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su delfín Fernando Haddad en las elecciones presidenciales ganadas por Bolsonaro.
The Intercept, cofundado por Glenn Greenwald -quien en 2013 publicó las filtraciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva implementados por la NSA estadounidense- asegura, además, que los mensajes publicados el domingo son "apenas el inicio" de una larga serie. El asunto incendió las redes sociales, con dos etiquetas: "#EuApoioLavaJato" y "#EuApoioTheInterceptBR" ("YoApoyoLavaJato" y "YoApoyoTheInterceptBR").
El concejal Carlos Bolsonaro, uno de los tres hijos del jefe de Estado dedicados a la política, se sumó a la batalla. "¿Será una impresión mía, o solamente en Brasil cierta prensa usa una invasión ilegal de algo privado, ignorando la invalidación judicial y la ilegalidad, sin que le importe divulgar con el único fin de quemar al gobierno de Bolsonaro y de defender al sistema?".
Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de la fuerza tarea de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras.
Lula, que purga por ese caso 8 años y 10 meses de cárcel, siempre se declaró inocente y denunció una "persecución judicial" para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), vuelva al poder.
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