El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, acusó este martes a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de "montar un sistema de terror" en su país, durante su intervención en los debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.
"La Cicig ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La Cicig ha montado un sistema de terror en donde el que piensa diferente se le persigue, se le investiga, se le acusa o se le señala", aseveró Morales en su intervención.
Afirmó asimismo que Guatemala no estaba tan polarizada como ahora "desde el conflicto armado de la década de los 80", y apuntó que su país no quiere "más enfrentamientos", sino "paz y justicia".
El mandatario de Guatemala, que decidió no renovar el mandato de la Cicig el pasado mes de agosto, describió a la agencia como "sesgada ideológicamente", y apuntó que grupos de personas extremistas han aprovechado su supuesta lucha contra la corrupción y aplaudido "persecuciones selectivas".
Además, dijo que la Cicig "lamentablemente se perdió en el marco burocrático de la ONU y en el culto a la persona que por principios nunca debe ser mayor a la institución a la que representa".
Morales explicó asimismo que decidió no prorrogar el mandato de la Cicig, que ha estado presente en Guatemala 10 años, "porque violó la Constitución de la República" y el acuerdo mismo de su creación, "manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso".
Por otra parte, subrayó la "indiferencia y pasividad" del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien tiene previsto reunirse durante el día de hoy, a quien dijo presentó sus quejas sobre la Cicig "de forma personal hace más de un año".
La fricción entre Morales y la ONU se agravó cuando desde 2015 el Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada con la desarticulación de varios casos en lo que están implicados altos funcionarios, como el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
Pero sus investigaciones también han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.
Con información de EFE
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