El Gobierno de Nicaragua declaró "inaceptable" la presencia de un Grupo de Trabajo creado por el Consejo Permanente de la OEA, al que calificó de "injerencista" y al que, según dijo, no les abrirá sus puertas para dar seguimiento a la crisis que atraviesa este país, la más sangrienta desde los años 80.
"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua declara inaceptable la presencia en nuestro país de la comisión injerencista integrada el jueves 9 de agosto por el Gobierno de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos", señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.
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El Gobierno del presidente Daniel Ortega señaló a ese Grupo de Trabajo de haber sido conformado y dirigido por Washington, desde la OEA, en su afán "de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua", por lo que, sostuvo, "no son bienvenidos a nuestro país".
"Por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio", afirmó.
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El Gobierno explicó que suscribió esa declaración de conformidad con sus políticas de seguridad soberana, dignidad nacional, "y de exigencia de respeto a nuestras decisiones de Estado".
La creación del Grupo de Trabajo, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive Nicaragua, fue aprobado el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
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El Grupo integra a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guayana, México, Panamá y Perú, y tiene por objetivo colaborar en el proceso de diálogo nacional en el país centroamericano y articular medidas de apoyo, acompañamiento y verificación.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en 198, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los años 80.
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Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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