Ecuador pagará una indeminzación de USD 337 millones a la petrolera estadounidense Burlington, cuyo contrato fue dado por terminado en 2010, para zanjar un litigio de casi una década, informó este lunes la Procuraduría General ecuatoriana.
El monto corresponde a la condena de USD 380 millones impuesta en febrero por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial (BM), menos los USD 42 millones que la misma corte ordenó pagar a la petrolera por daños ambientales al Estado ecuatoriano.
Las partes acordaron el pago en dos cuotas, una de USD 75 millones, que ya fue cancelada el pasado 1 de diciembre, y otra de USD 262 millones, que serán pagados en abril de 2018.
En 2008, Burlington —que explotaba dos bloques conjuntamente con la francesa Perenco— demandó a Ecuador ante el CIADI en rechazo a una ley que estableció el pago al Estado de un porcentaje de las ganancias extraordinarias generadas por el aumento del precio del petróleo.
Ambas compañías fueron acusadas por Quito en 2009 de abandonar sus operaciones en el país, y en 2010 se declaró la caducidad de los contratos, que les permitían extraer 21.365 barriles por día (b/d) de crudo.
La compañía estadounidense, filial de ConocoPhillips, demandó entonces al estado ecuatoriano por USD 1.515,6 millones, cifra que el CIADI rebajó un 78%.
El país andino introdujo a su vez contrademandas en el mismo caso por daños ambientales y reparaciones a la infraestructura petrolera por valor de 504 millones de dólares, que también quedaron sumamente rebajadas.
La indemnización de USD 337 millones representa aproximadamente el 0,3% del PIB de Ecuador proyectado para 2018, pero llega en un momento delicado para la dolarizada economía, golpeada por la caída del crudo, con un creciente nivel de deuda y un déficit fiscal cercano al 5 por ciento.
Ecuador ha sido llevado en los últimos años a una treintena de arbitrajes ante cortes internacionales, principalmente por empresas petroleras, como las estadounidenses Chevron y Oxy.
A esa última, Quito debió pagar unos 1.000 millones de dólares como indemnización, porque su contrato fue cancelado en 2006 por el Gobierno ecuatoriano aduciendo la venta ilegal de acciones.
(Con información de AFP)
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