Ecuador pagará una indeminzación de USD 337 millones a la petrolera estadounidense Burlington, cuyo contrato fue dado por terminado en 2010, para zanjar un litigio de casi una década, informó este lunes la Procuraduría General ecuatoriana.
El monto corresponde a la condena de USD 380 millones impuesta en febrero por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial (BM), menos los USD 42 millones que la misma corte ordenó pagar a la petrolera por daños ambientales al Estado ecuatoriano.
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Las partes acordaron el pago en dos cuotas, una de USD 75 millones, que ya fue cancelada el pasado 1 de diciembre, y otra de USD 262 millones, que serán pagados en abril de 2018.
En 2008, Burlington —que explotaba dos bloques conjuntamente con la francesa Perenco— demandó a Ecuador ante el CIADI en rechazo a una ley que estableció el pago al Estado de un porcentaje de las ganancias extraordinarias generadas por el aumento del precio del petróleo.
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Ambas compañías fueron acusadas por Quito en 2009 de abandonar sus operaciones en el país, y en 2010 se declaró la caducidad de los contratos, que les permitían extraer 21.365 barriles por día (b/d) de crudo.
La compañía estadounidense, filial de ConocoPhillips, demandó entonces al estado ecuatoriano por USD 1.515,6 millones, cifra que el CIADI rebajó un 78%.
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El país andino introdujo a su vez contrademandas en el mismo caso por daños ambientales y reparaciones a la infraestructura petrolera por valor de 504 millones de dólares, que también quedaron sumamente rebajadas.
La indemnización de USD 337 millones representa aproximadamente el 0,3% del PIB de Ecuador proyectado para 2018, pero llega en un momento delicado para la dolarizada economía, golpeada por la caída del crudo, con un creciente nivel de deuda y un déficit fiscal cercano al 5 por ciento.
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Ecuador ha sido llevado en los últimos años a una treintena de arbitrajes ante cortes internacionales, principalmente por empresas petroleras, como las estadounidenses Chevron y Oxy.
A esa última, Quito debió pagar unos 1.000 millones de dólares como indemnización, porque su contrato fue cancelado en 2006 por el Gobierno ecuatoriano aduciendo la venta ilegal de acciones.
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(Con información de AFP)
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