La esposa del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Rocco, fue declarada en estado de muerte cerebral y la familia autorizó la donación de sus órganos, informó este jueves el hospital Sirio Libanés de San Pablo.
La ex primera dama, de 66 años, había sufrido un derrame cerebral el 24 de enero y, tras días internada en ese prestigioso hospital, los médicos le "identificaron ausencia de flujo cerebral", precisó el centro médico en un comunicado.
"Ante ese resultado, con autorización de la familia, fueron iniciados los procedimientos para la donación de órganos", añadió el hospital.
"La familia Lula da Silva agradece todas las manifestaciones de cariño y de solidaridad recibidas en estos últimos 10 días por la recuperación de la ex primera dama", dice un breve comunicado compartido en las redes sociales por el ex presidente, donde confirma la autorización de la donación de órganos.
La cuenta de Facebook del ex mandatario (2003-2010) cambió su foto de perfil, donde antes aparecía sólo Lula, por una imagen del matrimonio sonriente y abrazado.
En la Cámara de Diputados,19 en Brasilia, los legisladores guardaron un minuto de silencio para recordar a la fallecida.
Marisa Leticia y Lula se casaron en 1974, ambos viudos de sus primeros matrimonios. Juntos tuvieron tres hijos y se convirtieron en una de las parejas más populares del país.
La pareja se conoció cuando Lula era dirigente de los metalúrgicos de San Pablo. Desde entonces, esta hija de inmigrantes italianos humildes acompañó desde la sombra a su esposo en la lucha contra la dictadura (1964-1985), las huelgas de los años 70 y 80 y la creación del Partido de los Trabajadores (PT), en febrero de 1980.
En estos últimos meses, el vendaval jurídico que levantó el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras afectó de lleno al matrimonio.
Señalado por la fiscalía como uno de los actores principales de la red de sobornos que esquilmó a la petrolera estatal, Lula afronta varias denuncias en esta causa, en la que su esposa también fue señalada como beneficiaria del esquema.
Una de esas acusaciones está relacionada con la propiedad de un apartamento tríplex en Guarujá (en el litoral del Estado de San Pablo), que según la fiscalía le había sido donado a Lula por la constructora OAS por servicios prestados por la obtención de contratos con Petrobras.
Tanto Lula como su entorno siempre han negado las acusaciones y denunciaron una persecución judicial para evitar que el ex presidente sea candidato de nuevo en 2018.
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