Organizaciones sociales convocaron a una marcha en Quito contra despidos, fusiones y otras leyes del gobierno de Daniel Noboa

Diversas organizaciones sociales, gremios de trabajadores y colectivos ciudadanos han convocado a una movilización nacional para el jueves 7 de agosto de 2025, en rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La protesta principal tendrá lugar en Quito, con un recorrido desde la Caja del Seguro Social, en el centro norte de la ciudad, hasta la Corte Constitucional. Las agrupaciones convocantes han anunciado que realizarán un plantón previo en ese último punto, donde entregarán demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes y decretos impulsados por el oficialismo.

La convocatoria reúne a cerca de veinte organizaciones, entre ellas federaciones médicas, sindicatos de educadores, asociaciones de profesionales de la salud, colectivos de pacientes con enfermedades catastróficas, representantes barriales y servidores públicos recientemente desvinculados. La movilización se articula como una respuesta al paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo, que incluye la Ley de Inteligencia, la Ley de Seguridad y la Ley de Integridad Pública, así como al despido masivo de cinco mil funcionarios del sector público.

Según los organizadores, las medidas del Gobierno representan un retroceso en derechos laborales, garantías democráticas y calidad de servicios públicos. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, manifestó que la marcha simboliza una demanda colectiva para que el Ejecutivo gobierne para todos los ecuatorianos, y no solo para sectores privilegiados, según recogió Teleamazonas.

La protesta también canaliza el descontento frente a la fusión de ministerios y la eliminación de secretarías, anunciadas por el Ejecutivo como parte de un plan de eficiencia administrativa. El Gobierno ha defendido estas decisiones como medidas técnicas para modernizar el Estado, reducir su tamaño en un 41 % y abrir oportunidades a nuevos perfiles jóvenes. Sin embargo, no ha presentado un cronograma de implementación ni ha especificado los criterios detallados para la supresión de cargos. Tampoco ha esclarecido el impacto económico de las indemnizaciones ni ha garantizado que estas reorganizaciones no afectarán la calidad del servicio público.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró que los despidos no obedecen a razones políticas, sino a una supuesta evaluación técnica de desempeño. A pesar de ello, la falta de transparencia sobre el procedimiento y la inexistencia de informes públicos han sido criticadas por los sectores afectados. El Gobierno descartó que las decisiones respondan a exigencias del Fondo Monetario Internacional, pero no presentó estudios o dictámenes técnicos que respalden la idoneidad de los recortes.

Pese al anuncio del recorte del Estado, el pasado lunes, el presidente Noboa indicó que el gobierno otorgará a 80.000 jóvenes pasantías pagadas con el salario básico (USD 470). Esta medida ha sido criticada pues la desvinculación y supresión de cargos buscaba reducir el gasto público.

Paralelamente, la aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia ha generado preocupación entre organismos nacionales e internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch han advertido que esta normativa otorga facultades desproporcionadas a los organismos de inteligencia, permite la vigilancia de comunicaciones sin orden judicial y vulnera el derecho a la privacidad, el acceso a la información y la protección de fuentes periodísticas. Fundamedios, una fundación ecuatoriana que defiende la libertad de prensa, también alertó sobre la falta de controles independientes y criticó el uso potencial de esta legislación para la persecución política.

Los artículos más cuestionados por la comunidad internacional incluyen el que obliga a las operadoras telefónicas a entregar información en tiempo real y otro que permite la creación de un fondo reservado sin fiscalización ordinaria. La norma, aprobada por mayoría oficialista en la Asamblea, aún no cuenta con un reglamento de aplicación, lo que incrementa la incertidumbre sobre su alcance.

En este contexto, los colectivos que presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional exigirán el 7 de agosto una respuesta urgente de los magistrados. El plantón frente a la Corte pretende visibilizar la necesidad de control judicial frente a lo que califican como un avance autoritario en nombre de la seguridad.

Las organizaciones feministas también se han pronunciado, particularmente en contra de la fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno, una medida que consideran un retroceso en la institucionalidad de género.