Las demandas judiciales utilizadas como herramienta para silenciar a periodistas han persistido en España durante el último año, según destaca Reporteros Sin Fronteras (RSF). El informe anual de la organización, recogido por Europa Press, resalta que las llamadas demandas SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) se han consolidado como una forma de presión ejercida tanto desde el ámbito político como judicial, aprovechando delitos como la revelación de secretos o las ofensas al honor para amedrentar y restringir el trabajo periodístico. Dentro de este contexto, el informe ubica a España en el puesto veintitrés del ranking mundial de libertad de prensa para 2025, el mejor resultado obtenido por el país desde la creación del índice, tras avanzar siete posiciones respecto al año anterior entre ciento ochenta países y territorios.
Según detalla RSF, el ascenso español en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa se relaciona principalmente con un entorno político menos hostil y una reducción de las agresiones contra periodistas. España queda situada entre Austria y Taiwán en la tabla, integrando el 15% de los países con las mejores condiciones para ejercer el periodismo. El informe subraya que el avance de España responde a una mejora en diversos indicadores clave que componen la evaluación, aunque puntualiza que la situación global de la libertad de prensa se ha visto degradada, con la mayoría de los países experimentando retrocesos significativos.
RSF recalca que la mejora más notable en España corresponde al clima político, que aumentó en 3,5 puntos y permitió subir del puesto treinta y uno al veintiséis. Esta progresión se vincula a un periodo con menor tensión respecto a 2023, año marcado por múltiples convocatorias electorales y manifestaciones, dos situaciones propensas a estimular la polarización y las agresiones hacia quienes informan. El reporte aclara que la caída en la cobertura de protestas y de eventos políticos complejos ha favorecido la percepción de seguridad entre los profesionales y, con ello, ha impulsado la subida de España hasta el puesto veintiocho en el indicador de seguridad de los periodistas.
En 2024, se contabilizó un descenso en el número de agresiones físicas y actos intimidatorios sufridos por reporteros, en contraste con el incremento de dificultades judiciales y legales. RSF advierte que las presiones legales, en especial las demandas estratégicas, siguen aumentando e impactan de forma negativa en la libertad de prensa nacional.
Dentro del análisis de los factores socioculturales, España escaló diez puestos, ubicándose en el vigésimo lugar de la clasificación global. RSF atribuye este reconocimiento a la baja incidencia de presiones vinculadas al género, la etnia, la religión o la clase social entre los periodistas, y a la virtual ausencia de temas prohibidos en las coberturas informativas nacionales. El organismo enfatiza que estas condiciones favorecen el libre ejercicio de la profesión, comparando favorablemente la situación española con la de otros países evaluados.
No obstante, Reporteros Sin Fronteras identifica una serie de desafíos económicos que amenazan la sostenibilidad del periodismo en España y en todo el mundo. El informe apunta que la situación económica de los medios de comunicación continúa deteriorándose, impulsada por fenómenos como la concentración empresarial, el auge de plataformas digitales, la inestabilidad laboral en las redacciones y la falta de transparencia en la asignación de publicidad institucional. En el indicador económico, España consiguió una ligera mejora de poco más de un punto atribuido, principalmente, al retroceso experimentado en otras naciones, aunque este sigue siendo el aspecto más débil de la evaluación española, con valores por debajo de sesenta puntos sobre cien durante varios años consecutivos.
Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España, manifestó al medio que, pese a que España se mantiene entre las democracias con mayor libertad para el ejercicio de la prensa, la profesión continúa sujeta a una “precariedad cronificada intolerable”. Según sus palabras, “un periodista precario es siempre un periodista más vulnerable a las presiones y la autocensura”, por lo que considera imprescindible garantizar condiciones laborales para revertir la crisis de modelo que afecta al sector.
En cuanto al entorno jurídico, el informe de RSF muestra que el contexto legal para el periodismo en España perdió tres posiciones, situándose del puesto catorce al diecisiete. RSF atribuye este retroceso a la persistencia de artículos controversiales en la llamada Ley Mordaza y a la demora en la derogación de los denominados “delitos de opinión”, como las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. El texto también menciona el cambio promovido por el Gobierno para modificar el sistema de elección de la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE, medida que recibió críticas por parte de la ONG al considerar que contradice los principios del Reglamento Europeo de Libertad de Medios.
El análisis general realizado por RSF advierte que el deterioro financiero de los medios también afecta de forma global y que la creciente dependencia del sector respecto a plataformas digitales y grandes conglomerados limita la pluralidad y pone en riesgo la viabilidad futura del periodismo independiente. A este escenario se suman los desafíos derivados de la publicidad institucional, en ocasiones concedida bajo criterios poco transparentes.
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, según recogió Europa Press, colocó a Noruega, Estonia y Países Bajos en los primeros tres lugares, identificándolos como los sistemas más favorables para el periodismo. Por el contrario, China, Corea del Norte y Eritrea ocuparon los últimos puestos, reflejando graves restricciones y controles sobre la actividad periodística. En este esquema, España logra por primera vez figurar entre los veintitrés países mejor clasificados, en un contexto donde la mayoría de los Estados evaluados por RSF ha registrado resultados considerados difíciles o muy graves para el ejercicio de la libertad informativa.
El adelanto español se interpreta no solo como resultado de las políticas internas y cambios regulatorios, sino también del deterioro acelerado de las condiciones de libertad de prensa a nivel internacional. La combinación de mejoras locales y retrocesos en la situación mundial ha posibilitado el salto histórico de España en la clasificación, según resaltó nuevamente RSF en declaraciones recogidas por Europa Press.
El informe subraya la importancia de continuar enfrentando desafíos estructurales que afectan al periodismo en España, como la precariedad laboral y la presión judicial. RSF concluye que estos factores, si bien no logran desplazar al país de los primeros puestos de la lista, requieren atención urgente para consolidar los avances conseguidos en materia de libertad y seguridad de los periodistas.
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