
La ONG Justicia Encuentro y Perdón advirtió que se deteriora la situación de salud de los 36 sargentos que llevan adelante una huelga de hambre desde el lunes 9 de noviembre, para exigir su libertad en el marco de la Ley de Amnistía promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“El cuadro clínico de los privados de libertad se ha agravado drásticamente. Según un reporte humanitario recopilado hasta el 15 de noviembre, los huelguistas sufren descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación, además de complicaciones por patologías previas en al menos 18 de ellos”, reportó Justicia Encuentro y Perdón.
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Los oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda, tras haber encabezado el 21 de enero de 2019 un intento de alzamiento contra Nicolás Maduro, quien ya en ese momento era considerado un gobernante ilegítimo no solo por la oposición venezolana sino por buena parte de la comunidad democrática internacional.
“Esta medida extrema es la respuesta desesperada de ciudadanos que han visto pulverizados sus derechos fundamentales, tras ser sometidos a una denegación sistemática de justicia, a la indolencia judicial frente al rebase inconstitucional de la privación cautelar de libertad y a la omisión en la aplicación obligatoria de la Ley de Amnistía”, expuso la defensa de los uniformados en un escrito consignado ante el tribunal que lleva la causa.
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Sin agua
Justicia Encuentro y Perdón señaló que “familiares y ONG denunciaron el fin de semana que, como medida de presión tras el inicio de la huelga, se ordenó cerrar el acceso entre la torre y el patio, dejando a los protestantes sin acceso a agua potable ni a los baños”.

En particular, hicieron mención al caso de dos mujeres militares que se sumaron a esta acción, que habrían solicitado “con urgencia agua potable, sueros de hidratación, protectores gástricos (omeprazol y ranitidina) y evaluación médica presencial”.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos, el Observatorio Venezolano de Prisiones y Justicia Encuentro y Perdón demandan a las autoridades “atención médica inmediata e independiente, el restablecimiento de condiciones básicas de supervivencia y que los militares sean incluidos en eventuales excarcelaciones”. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha respondido a ninguna de estas peticiones.
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El último reporte de la ONG Foro Penal, publicado el 9 de noviembre, indica que en el país existen 321 presos políticos, de los cuales 140 son militares. Se espera que en el marco del cuarto ciclo de las negociaciones entre el régimen chavista y la oposición, se produzcan nuevas excarcelaciones.
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