
La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González, acusa al Congreso de Michoacán de instaurar un “régimen que pudiéramos decir de corte fascista” bajo mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mientras un juez federal frenó este 18 de noviembre el proceso de elección de rector impulsado por la propia universidad.
El freno judicial llegó por una suspensión dentro del juicio de amparo promovido por Jorge Arturo Arana Sandoval, según MiMorelia.com. La medida cautelar, fundamentada en el artículo 151 de la Ley de Amparo, ordena mantener las cosas en su estado actual y detiene los efectos de la convocatoria para elegir rector publicada el 14 de noviembre en la Gaceta Nicolaita.
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Dos procesos compiten por el mismo cargo

El conflicto gira en torno a dos mecanismos paralelos para suceder a Ávila González, cuyo mandato concluye el 8 de enero de 2027. El Consejo Universitario aprobó, en sesión extraordinaria del 13 de noviembre, una convocatoria basada en el modelo de elección democrática previsto en la reforma de 2025.
El Congreso estatal, en cambio, publicó el 4 de noviembre el Decreto 550, que modificó el régimen transitorio de la Ley Orgánica de la UMSNH para que, por esta ocasión, la designación recaiga en una Comisión de Rectoría integrada por ocho personas, cinco de ellas exrectores.
El calendario universitario contemplaba la elección el 1 de diciembre, la publicación de resultados el 2 de diciembre y la toma de protesta el 8 de enero, según Ultranoticias. Con la suspensión judicial de este 18 de noviembre, ese cronograma queda en entredicho.
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La rectora denuncia una “embestida” articulada

En un posicionamiento oficial del 13 de noviembre, difundido por Acueducto Noticias, Ávila González denunció “un atentado contra la autonomía universitaria” y acusó una “embestida sistemática y articulada” entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y un sector del Judicial de Michoacán.
La rectora señaló presiones de carácter financiero, entre ellas una carga de 189,000,000 de pesos derivada de laudos que, según dijo, el gobierno estatal le atribuye de forma ajena a la realidad de la institución. Aseguró que el pago de salarios, prestaciones y aguinaldos de fin de año está garantizado.
En entrevista con Los Ángeles Press, Ávila González fue más allá y responsabilizó directamente al Congreso de Michoacán de actuar “bajo el mandato del gobernador constitucional” en el estado. “A mí me parece que el Congreso... ha instaurado un régimen que pudiéramos decir de corte fascista”, declaró.
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La rectora cuestionó también a jueces del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, a quienes acusó de actuar “como meros ejecutores del Poder Ejecutivo local” en las resoluciones vinculadas al conflicto. El 12 de noviembre se negó a entregar información solicitada por el entonces presidente del Congreso, Baltazar Gaona García, para integrar la Comisión de Rectoría.
El Gobernador confía en una transición “clara y transparente”

Ramírez Bedolla respondió el 17 de noviembre que la definición de la Rectoría corresponde “única y exclusivamente” a la comunidad nicolaita. “El proceso de rectoría lo sabemos, lo conocemos; es una definición que toman única y exclusivamente los nicolaitas”, afirmó, según Ultranoticias.
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El gobernador añadió: “Toda mi confianza en las instituciones universitarias para que logren un proceso claro, transparente.” Recordó que restan menos de dos meses para la toma de protesta y que el periodo vacacional reduce el tiempo hábil disponible para resolver la transición.
Deserciones y posturas divididas entre los aspirantes
El exrector Medardo Serna González declinó integrarse a la Comisión de Rectoría del Congreso, según informó el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. No se conocieron públicamente las razones de su negativa.
La aspirante Ireri Suazo Ortuño tomó la postura contraria: confirmó su participación bajo el esquema del Decreto 550 y descartó registrarse en la convocatoria del Consejo Universitario, por razones que calificó de “orden constitucional, legal y de certeza jurídica”.
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Diputados federales de tres partidos piden derogar el decreto
Legisladores federales del PT, PAN y Movimiento Ciudadano suscribieron un exhorto fechado el 17 de noviembre para derogar el Decreto 550, según documento obtenido por Quadratín. Lo firman Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT; Germán Martínez Cázares, del PAN, y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó en su cuenta de X como “inaceptable” la “actitud golpista” del gobernador y de la mayoría de Morena en el Congreso michoacano.
El amparo de la UMSNH contra el Decreto 550 y la suspensión obtenida este 18 de noviembre por Arana Sandoval representan dos frentes judiciales distintos que ahora definirán, en los tribunales, cuál de los dos procesos de sucesión rectoral prevalece.
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