El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advierte que el anuncio hecho esta semana por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la eliminación de las alcabalas o puntos de control policiales en las zonas urbanas del país, “parece ser la reedición de una vieja promesa” jamás cumplida por el régimen chavista.
“Esta medida, que se presenta como un intento de transformar los puntos de control fijos en dispositivos móviles de patrullaje -bajo el argumento de reducir la discrecionalidad y el abuso de autoridad-, se produce en un escenario de elevados niveles de corrupción y abusos cotidianos cometidos por agentes de la fuerza pública venezolana”, denuncia la organización no gubernamental.
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La ONG señala que “ha documentado sistemáticamente que las alcabalas, lejos de ser espacios de control vehicular y de prevención de la ocurrencia de delitos, se han convertido en puntos de extorsión y en espacios para la comisión de abusos”.
Provea indica que los residentes de las ciudades no son las únicas víctimas de estas desviaciones. “Campesinos, productores agrícolas, pobladores fronterizos e indígenas, entre otros, son constantemente víctimas de extorsión, estigmatización y criminalización por parte de agentes de seguridad desplegados en cientos de alcabalas instaladas a lo largo del territorio nacional”, manifiestan.
Rendir cuentas
La organización defensora de Derechos Humanos aclara que no basta con una declaración presidencial para desmantelar “el entramado de corrupción ni las prácticas arbitrarias” que ejecutan los cuerpos de seguridad del Estado contra la población.
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“Insistimos en que sin una reforma estructural profunda, estos puntos de control podrían simplemente migrar a espacios más discretos, manteniendo la lógica extorsiva”, sostiene Provea, tras plantear la necesidad de establecer “políticas de depuración de los cuerpos policiales, mayor presupuesto para la inteligencia preventiva y, sobre todo, la garantía de que el Estado esté dispuesto a investigar y sancionar a los funcionarios que continúen cometiendo abusos”.
La mandataria interina de Venezuela adelanta una consulta para reformar el sistema de justicia penal, luego de admitir que el mismo está minado por la corrupción, el retardo procesal y la “criminalización” de la pobreza. “Quiero acabar con la matraca y la extorsión”, ha dicho Rodríguez, consciente de las arbitrariedades que padecen los venezolanos a manos de funcionarios policiales y militares.
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