Las organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que los presos políticos en Venezuela enfrentan una “doble tragedia” tras los terremotos que azotaron el norte del país hace casi un mes. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el 24 de junio el estado La Guaira, limítrofe con Caracas, y dejaron al menos 5.346 muertos y 16.740 heridos, según cifras oficiales.
Representantes de Amnistía Internacional, Provea y otros colectivos denunciaron en rueda de prensa que el Gobierno chavista no ofreció una respuesta adecuada para evacuar a los presos políticos afectados por los temblores. Andreína Baduel, activista y portavoz del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), afirmó: “Tras esos sismos debemos decir con responsabilidad que no hubo respuesta oportuna del Estado venezolano para la evacuación de los presos políticos”.
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Baduel detalló que en centros penitenciarios como la cárcel militar de Ramo Verde y Rodeo I, ambas en las afueras de la capital venezolana, las evacuaciones se demoraron. “Duraron 50 minutos sin ser evacuados” tras el doble sismo, declaró la activista, quien solicitó la liberación de su hermano Josnars Baduel. Según cifras de la ONG Foro Penal, aún 372 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país.
Los terremotos causaron graves daños en la infraestructura penitenciaria. En una torre de la cárcel Ramo Verde, “el piso 5 sufrió graves afectaciones” y los detenidos “han sido obligados a permanecer en las celdas porque los amenazan con traslados a otras cárceles”, denunció Baduel.
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Durante la conferencia, familiares de presos políticos exhibieron pancartas con mensajes como “Protección humanitaria” y “Proteger la vida es una obligación”, en reclamo de mejores condiciones y el cese de malos tratos.
Oscar Murillo, coordinador de Provea, remarcó que la crisis humanitaria no debe interrumpir la lucha por derechos fundamentales. “La crisis hoy agravada por los terremotos no puede abrir un paréntesis en la lucha por la libertad y la democracia”, declaró. “Es un llamado de la historia para hacer las cosas bien”, agregó.
Además, solicitaron a las autoridades de Venezuela permitir una inspección independiente de la infraestructura carcelaria. En el comunicado conjunto, Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz reclamaron: “Exigimos al Estado venezolano (...) permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos”.
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El documento, presentado durante la rueda de prensa dedicada a exigir la liberación de los detenidos por razones políticas, también pide el ingreso “inmediato” de organismos internacionales de derechos humanos y asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Las organizaciones requirieron, además, el “acceso regular” de familiares y abogados a las cárceles, junto con una atención médica “oportuna” y la publicación de información “pública y transparente”, en respuesta a las denuncias por suspensión de visitas.
El objetivo de estas demandas es asegurar la verificación de las condiciones de reclusión y el estado de salud de los internos.
Durante la lectura del comunicado, la directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, expresó: “La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales”.
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En el plano político, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. La mandataria desplegó en febrero una ley de amnistía dirigida a liberar a cientos de detenidos, aunque especialistas cuestionan la medida por considerarla limitada.
(Con información de AFP y EFE)
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