Venezuela enfrenta el riesgo de perder el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia

Al evaluar el desempeño del gobierno de Venezuela en el proceso que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo del Esequibo, el internacionalista Kenneth Ramírez señala que “hasta ahora hemos sido testigos de un perfecto contraejemplo: Cómo no debe ser manejado un asunto de Estado de interés vital para nuestro país”.

Ramírez es el presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), ente independiente que ha dado un seguimiento exhaustivo al histórico conflicto con Guyana por el territorio rico en petróleo y recursos naturales de 159.500 kilómetros cuadrados.

Del 4 al 11 de mayo se realizarán en el CIJ las audiencias que, en teoría, apuntan a zanjar la disputa por la zona que reclaman ambas naciones y que en la práctica controla Georgetown.

El caso llegó hasta esta instancia por la insistencia de la parte guyanesa, mientras que Caracas desconoce esta jurisdicción y subraya que la controversia debe ser resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que plantea la negociación entre los dos países.

Al margen de que los expertos venezolanos sostienen que el Esequibo “pertenece indubitablemente a Venezuela”, crece el temor ante la posibilidad de que la Corte le dé la razón y, por consiguiente, el área con todas sus riquezas a Guyana.

El gobierno bolivariano llega a este proceso en unas condiciones de debilidad extrema, luego de haber sufrido un ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La presidenta encargada Delcy Rodríguez trata ahora de mantener las mejores relaciones con Washington, que apoya la reivindicación de Georgetown.

Mal paso

“El Acuerdo de Ginebra establece en su preámbulo que la controversia territorial debe ‘ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes’; y comprometió a las partes en su artículo I ‘a buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia’”, recordó el COVRI en una declaración emitida en febrero de 2026.

Ramírez destaca que la judicialización de este conflicto comenzó hace once años. “La última etapa, espoleada por las ambiciones petroleras de Guyana, ha significado un lastimoso rosario de derrotas para Venezuela”, sostiene el profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Dos hechos relevantes marcaron esta fase. Por un lado, la muerte en 2014 del último buen oficiante de Naciones Unidas (ONU), Norman Girvan. Y por el otro, el hallazgo del llamado bloque marítimo petrolero Stabroek, cuya concesión fue entregada por Georgetown a las empresas ExxonMobil, Hess y CNOOC en contra de la posición de Caracas, que señala que ese territorio -de donde podrían extraerse unos 11 mil millones de barriles de crudo- está en disputa.

“La diplomacia improvisada del Ejecutivo venezolano fue vencida por la diplomacia guyanesa, la cual logró persuadir a dos secretarios generales de la ONU para que remitieran la controversia a la CIJ. Luego, la falta de una estrategia integral y nuevos fallos diplomáticos hicieron posible que la CIJ adoptara dos decisiones controvertidas: que tenía jurisdicción sobre el caso en 2020 y, más tarde, la admisibilidad de la demanda guyanesa en 2023”, resume el analista.

Opacidad

El régimen chavista ha reiterado la posición histórica de Venezuela de no reconocer a la CIJ para la resolución de la controversia, ratificando la vigencia del Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, el portavoz del COVRI observa que Miraflores “no ha logrado ni detener el proceso judicial ni conseguir una alternativa viable” como una negociación de buena fe.

Ramírez estima que el gobierno antes de Maduro y hoy de Delcy Rodríguez ha incurrido en “prácticas de opacidad, aislamiento y politización” que atentan contra los intereses nacionales.

“La opacidad y aislamiento que se ha mantenido en los últimos años, coloca toda la responsabilidad histórica en el Poder Ejecutivo respecto a lo que pueda ocurrir en la CIJ y el impacto que pueda tener sobre nuestra justa reclamación de la Guayana Esequiba”, apunta.

Maduro convocó en 2023 un referendo consultivo sobre el Esequibo que terminó dividiendo al país, al ser utilizado como una bandera por el gobierno contra la oposición, y cuyos resultados generaron sospechas de manipulación.

“En su momento, alertamos que el referéndum sobre el Esequibo debía hacerse en años previos y en consenso con todos los actores nacionales relevantes para fortalecer políticamente nuestra posición nacional. En lugar de ello, se hizo después de las sentencias de la CIJ y de una manera muy politizada, afectando lamentablemente la legitimidad de nuestra justa reclamación a nivel externo e interno”, explica Ramírez.

En 2025, el chavismo organizó unos comicios regionales que incluyeron la elección de un gobernador para la Guayana Esequiba, especie de figura simbólica que opera dentro del propio territorio venezolano, no en la zona en reclamación. La oposición mayoritaria no participó en esta elección.

En peligro

Más allá de la retórica, Ramírez indica que los abogados del gobierno de Venezuela han admitido la posibilidad de una derrota en la CIJ. De materializarse este escenario, ¿qué vendría posteriormente?

“Un fallo negativo sería más que un mero ‘obstáculo’ para futuras negociaciones, ya que implicaría un cierre de la vía jurídica y una grave afectación a la legitimidad internacional de nuestra reclamación. Guyana tendría una sentencia de la CIJ que confirmaría el llamado Laudo de 1899, con el obstáculo práctico para un eventual desafío de Venezuela a esta decisión judicial de que Guyana, además, controla y administra el Esequibo en los hechos”.

Para entender la magnitud de lo que está en juego, Ramírez precisa que el Esequibo representa un quinto del territorio de Venezuela, y posee 5% de la biodiversidad del planeta y reservas calculadas de oro y diamante de 35 mil millones y 5 mil millones de dólares, respectivamente.

El portavoz del COVRI opina que en caso de perder en la Corte, Caracas debe mantener el reclamo y persuadir a Georgetown de abordar las controversias pendientes en el marco de mecanismos de solución pacífica. “Debemos tener claro que esto no sería una tarea diplomática fácil con una Guyana envalentonada y una Venezuela tutelada en el corto y mediano plazo”, concluye.