Un grupo de oficiales profesionales retirados de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), se pronuncian ante la crisis política del país, atribuyendo a la coyuntura actual una “ruptura del orden constitucional” y solicitando la activación de mecanismos para “restituir el Estado de Derecho”. Proponen elecciones con previa depuración del Consejo Nacional Electoral, el Registro de votantes y la liberación de presos políticos.
El presidente del Frente Institucional Militar es el General de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt; vicepresidente, GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala; secretario de Organización, GB (GN) Rafael Vera Ruiz. Los que representan a los componentes son el GB Juan Ferrer Barazarte por el Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles por la Armada; GB Eduardo Arturo Caldera Gómez por la Aviación y GB Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.
El FIM recuerda que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, tal como lo señala el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, destacando que esa voluntad popular fue vulnerada el 10 de enero 2025, cuando la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás Maduro Moros. Según los oficiales, el ente parlamentario optó por “omitir la juramentación de quien fuera electo por mayoría absoluta”, refiriéndose al opositor Edmundo González Urrutia.
Los militares en retiro, algunos exministros de Defensa y excomandantes de componentes de la institución armada, cuestionan la legitimidad de quien actualmente ejerce el poder, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, sosteniendo que “la ruptura del orden constitucional requiere una corrección inmediata, especialmente ante la incapacidad fáctica y jurídica de quien pretende ejercer un mandato ilícito”.
Por ello plantean la imperiosa necesidad del “reconocimiento nacional e internacional de la voluntad popular, la cual puede ser reafirmada mediante un nuevo proceso electoral”. Como condición, el FIM solicita que la conducción del proceso recaiga en una directiva del ente rector de las elecciones “absolutamente imparcial”. En su pronunciamiento, sostiene que los rectores no deberían tener ni haber tenido militancia partidista ni afinidades políticas públicas.
El FIM propone una actualización integral del padrón electoral y pide medidas para garantizar el derecho al voto de la diáspora. También solicita la habilitación de ciudadanos afectados por medidas administrativas que considera arbitrarias. Denuncian afirman que persisten acciones de persecución policial y judicial contra personas vinculadas a la defensa de los valores democráticos “frente al régimen que ha oprimido a la sociedad venezolana durante las últimas tres décadas” por lo que piden el cese de esos procedimientos.
Libertad para sus compañeros
El FIM es una organización con 26 años de creada, que integra a 241 militares en situación de reserva o retirados, con 24 generales de División; siete Vicealmirantes; 38 generales de Brigada; doce Contralmirantes; 66 coroneles; 10 capitanes de Navío; 25 tenientes coroneles; nueves capitanes de Fragata; once Mayores; dos capitanes de Corbeta; 17 capitanes; seis tenientes de Navío; tres primeros tenientes; tres tenientes de Fragata; y ocho tenientes del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional.
Son enfáticos ante “cualquier pretensión de “transición” mientras persista la existencia de presos políticos o de conciencia”, aseverando que no serían necesarias leyes de amnistía para quienes “actuaron en defensa de la Constitución, según los artículos 333 y 350”, por lo que consideran que su libertad “es un acto de justicia, no de gracia”.
El pronunciamiento pide la liberación “absoluta e incondicional” de más de 200 militares detenidos, destacando que son “compañeros de armas, víctimas de torturas y tratos degradantes en los centros de reclusión del régimen”. Asimismo, solicita garantías de seguridad para el retorno de los miles de exiliados que salieron del del país por motivos políticos.
Activos en el exterior
En materia económica, la organización de militares en reserva activa menciona el caso de la empresa CITGO Petroleum Corporation, en el marco de la protección internacional de activos estratégicos, así como recursos financieros del Estado por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Así como valoran la salvaguarda de los activos venezolanos en el extranjero, sostienen que “es imperativo que un gobierno legítimamente electo recupere la autonomía económica bajo estrictos controles de transparencia”.
Ante ello proponen un nuevo marco jurídico orientado a garantizar la propiedad privada, el libre mercado y la seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversión nacional y extranjera, como “pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo y la prosperidad de todos los venezolanos”.
Finalmente, la organización que agrupa a oficiales generales, superiores y subalternos, cierra el pronunciamiento cierra con un llamado a acompañar las solicitudes expuestas “para recuperar nuestra libertad e independencia” y enmarca sus planteamientos en el “deber ciudadano” previsto en la Carta Magna de la República de Venezuela.
Acuden al TSJ
Un grupo de abogados del movimiento Defensores Populares de la Nueva República (DPR), que dirige el coronel y abogado Hidalgo Valero Briceño, presentó el 14 de abril 2026, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, una acción por omisión constitucional, “en defensa de los derechos e intereses colectivos y difusos de los electores venezolanos”.
La organización dice que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, “no cumplió con el lapso de 90 días, que contemplan los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incurriendo en denegación de justicia y delitos contemplados en los artículos 69 y 75 de la Ley Contra La Corrupción”.
Destacan que el 3 de abril 2026 se cumplieron 90 días desde la extracción del territorio venezolano de Nicolás Maduro Moros, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la Operación Resolución Absoluta.
El plazo de los tres meses se venció por lo que, según contempla, la Constitución venezolana, debía declararse la ausencia absoluta del presidente, dicen los juristas. Lo que procede es forzar “la declaración de la falta absoluta”, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y abrir el plazo para el llamado a elecciones presidenciales, dentro de los 30 días de la declaratoria.
“Lo que restaría para una transición pacífica y ordenada, es garantizar la pulcritud del proceso electoral, que pasa, entre otras reformas, por el nombramiento de autoridades imparciales del CNE, para que los comicios sean libres, justos y se respete la voluntad popular”, finaliza diciendo la organización Defensores Populares de la Nueva República.
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